Las causas de corrupción que avanzan en los tribunales contra el núcleo duro de Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa y contra su mujer, Begoña Gómez, dejan un panorama de corrupción en empresas públicas de primer nivel que avanza un calendario repleto de declaraciones de responsables de dichas compañías como imputados.Cargos públicos que habrían participado en amaños de contratos para beneficio económico propio y de altos cargos del PSOE y del Gobierno u otros que giraron la cara o pidieron girarla a sus subordinados ante el enchufe de personas que fueron contratadas pero ni estaban cualificadas ni, como en el caso de Jésica Rodríguez, exnovia de José Luis Ábalos, llegó a pisar su puesto de trabajo a pesar de cobrar un salario estatal durante más de dos años. La corrupción, percibida como generalizada en algunas entidades, principalmente en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda con María Jesús Montero al frente, preocupa a los investigadores, que alertan de una pérdida de confianza ciudadana en el sistema.

El declive de la SEPILa Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que emplea a más de 87.000 personas en sus 14 empresas participadas mayoritariamente y de manera directa, como Correos o Navantia, tiene a su presidenta, Belén Gualda, investigada desde esta semana en el caso Leire —por su responsabilidad en el rescate de Tubos Reunidos— y a su expresidente, Vicente Fernández, implicado en el mismo caso. Según el sumario de esta causa, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que adquiere mayor dimensión a medida que avanza, Fernández formaría parte de una organización criminal en la que también estarían la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, y Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Este último también figura como implicado y conocedor de los pasos del denominado 'Grupo Hirurok' (nosotros tres en euskera). Los tres, según los investigadores, habrían detectado oportunidades económicas en adjudicaciones públicas o rescates de la SEPI, habrían utilizado su influencia sobre cargos públicos (principalmente altos cargos de la compañía estatal) para influir en adjudicaciones públicas y favorecer a dos empresas instrumentales, Servinabar y Mediaciones Martínez, a través de las que cobrarían las mordidas maquilladas en contratos de asesoramiento, consultoría o estudios técnicos.Según el magistrado Pedraz, que apoya su investigación en los pasos que va dando la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, una de las operaciones gracias a las que presuntamente se habría enriquecido habría sido la ayuda pública, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de Tubos Reunidos.

Solo esa operación les habría reportado, al menos, 247.459 euros.Según Anticorrupción, Vicente Fernández compartió a través del grupo Hirurok un documento llamado Tubos Reunidos-Fondo de rescate de SEPI que recogía «una serie de motivos para defender la utilidad pública» para la ayuda a la compañía en 2021. «En dicho documento consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria, y el compromiso de su presidenta, Belén Gualda con el CEO de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, para que su solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo», relata el fiscal.Asimismo de Gualda, en esta causa el juez instructor ha dado la condición de investigados a 24 personas , entre quienes se encuentra el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), Julián Mateos-Aparicio. A través de este fondo, entre 2020 y 2021, en plena pandemia, se otorgaron ayudas públicas a empresas que justificaron ser estratégicas y estar en apuros, como las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra, cuyos rescates también se han puesto ya en entredicho por si escondieron igualmente mordidas para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El exvicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, también ha declarado este viernes como investigado en una causa abierta por un juez de Madrid por el rescate de Air Europa. El caso Leire se divide en dos ramas, la de los presuntos amaños de contratos públicos y la de la supuesta red que trató de desbaratar las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE sobornando a fiscales o buscando trapos sucios sobre éstos y sobre magistrados.

El expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere, está entre los 25 investigados por el juez PedrazEn la primera rama, según los primeros informes del sumario de la causa consultados por ABC, las maniobras de Díez y Vicente Fernández también alcanzaron a las entidades dependientes de la SEPI Mercasa y Enusa (esta última gestiona el suministro de uranio enriquecido a centrales nucleares españolas) donde Díez, por cierto, trabajó en el departamento de Comunicación. En el caso de Mercasa, la Fiscalía considera que los tres implicados habrían aprovechado el proyecto de traslado de la sede de Mercasa para enriquecerse.

El expresidente de la compañía, José Ramón Sempere, también figura entre los investigados. En cuanto a Enusa, los investigados habrían obtenido un beneficio de algo más de 17.000 euros por que la entidad pública contratase al despacho Carrillo y Montes para desarrollar una operación de compra de activos en Melilla (una incineradora) y en Castellón (un centro de tratamiento de residuos urbanos) en los que estaba interesada, según la Fiscalía, Acciona.

Noticia relacionada general No No Cerdán se opone a que la Audiencia Nacional asuma las dos causas abiertas de Leire Díez por falta de competenciaLos contratos de BarrabésUn informe policial aportado a la causa que acaba de abrir el juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, a instancias de la Fiscalía Europea por presunta prevaricación y fraude de fondos comunitarios implica a funcionarios de la empresa pública Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, al frente del que se encuentra Óscar López. Esta investigación —independiente de la que ha seguido y enviado a juicio el magistrado madrileño contra la esposa del presidente Pedro Sánchez por tráfico de influencias— aborda si la entidad pública favoreció a las compañías del empresario Juan Carlos Barrabés, protegido de Begoña Gómez e investigado junto a ella para que se llevara tres contratos por valor de 8,3 millones de euros, afectando, según la Fiscalía Europea, a los intereses económicos de la Unión.

Funcionarios habrían recurrido a prácticas arbitrarias para bajar la nota de competidores y beneficiar a BarrabésEn el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al organismo comunitario y que ahora ya está en manos del juez Peinado, se encontraron comunicaciones entre funcionarios que demostrarían que éstos habrían recurrido a prácticas arbitrarias para bajar la nota de otros competidores en la fase de criterios valorativos y conseguir que la compañía de Barrabés, profesor en el máster de la Complutense de la mujer de Sánchez, fuera la adjudicataria. «No sé hasta qué punto eso es legal», llegó a afirmar una funcionaria del departamento de Economía Digital de Red.es que se ocupaba de poner notas a los proyectos. El director de dicho departamento en el momento de las adjudicaciones, Luis Prieto, ya está investigado en la causa.

El informe también desveló que la jefa de Gabinete de Nadia Calviño, ministra de Economía en el momento de los hechos, preguntó al director general de Red.es por las licitaciones de formación que fueron adjudicadas la primavera de 2021 a Barrabés.La sentencia de las mascarillasLo que ya está acreditado en la sentencia del caso Mascarillas del Tribunal Supremo es el daño causado por la trama corrupta del exministro Ábalos y su asesor Koldo García en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes del Ministerio de Transportes la primera y Agricultura, la segunda. Entre 2019 y 2021, la pareja extramatrimonial del titular de Transportes, Jésica Rodríguez, fue contratada en ambas compañías y cobró un salario mensual de entre 1.100 y 1.300 euros.

No fue a trabajar ni un solo día. Así lo reconoció durante la instrucción y en el juicio y así se refleja en la sentencia, en la que Ábalos y Koldo fueron condenados por malversación por estos hechos. «Jessica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles públicas en su cuenta bancaria», concluyeron los magistrados de la Sala Segunda en el fallo con el que condenaron a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García, a 19 años y medio.

En éste, también se obliga a ambos a devolver a las dos compañías públicas los casi 44.000 euros que la exnovia de Ábalos cobró por no ir a trabajar. Los magistrados también recordaron que el político valenciano y su asesor también colocaron a otra amiga de ambos, Claudia Montes, en la pública LogiRail, dependiente de Transportes, usando su influencia.

No obstante, como ella sí fue a su puesto de trabajo, aunque fuera para leer libros de trenes, según declaró en el juicio del Alto Tribunal, no se les condena por malversación por esa contratación. Ahora, la Audiencia Nacional ha dado a Jésica Rodríguez la condición de investigada en el caso Koldo, donde se investigan todas las irregularidades que no se abordaron en el Supremo, puesto que allí se inició la causa alrededor únicamente de las acciones del entonces aforado Ábalos, de su mano derecha y del comisionista Aldama.

Jessica Rodríguez fue contratada tanto en Ineco como en Tragsatec para desarrollar proyectos de Adif, presidida por Isabel Pardo de VeraNo sólo ella ha sido citada como investigada el próximo 20 de julio, el juez Ismael Moreno también ha imputado al hermano de Koldo García, Joseba García, que fue quien introdujo a la mujer en Ineco y al exdirector de Gestión Administrativa de ADIF Ignacio Zaldívar, responsable de la contratación en las dos compañías públicas y que también declaró como testigo en el juicio del caso Mascarillas. En ambos casos, Rodríguez fue contratada para desarrollar proyectos encargados por el cliente Adif, la compañía también pública presidida por Isabel Pardo de Vera, también investigada en otra causa de adjudicaciones de obra pública que implica a Santos Cerdán en la Audiencia Nacional.