Cuatro destacados personajes que atestiguaron desde diversos espacios el grito de fraude que el candidato López Obrador lanzó hace 20 años analizan el impacto de aquella coyuntura en la polarización que hoy experimenta México. Para Dante Delgado, líder de Convergencia e integrante de la coalición del PRD y el PT entonces, las instituciones electorales cometieron un error histórico, marcando un parteaguas en el desarrollo político de México.

Representante del PAN ante el IFE de hace dos decenios, Germán Martínez Cázares afirma que ahí “surgió una matriz autoritaria que germinó y fructificó, como lo prueban las acusaciones que se hicieron entre los obradoristas en la elección de su candidato presidencial en 2024. El gen antidemocrático con el que nacieron en 2006 lo han fortalecido”.

Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, recuerda que se trató de la séptima elección más cerrada del mundo en los últimos 25 años. “La coalición de López Obrador tenía derecho a inconformarse, y ese derecho fue procesado institucionalmente. Lo que no podía ocurrir es que una consigna política sustituyera a la ley”, cuestiona en referencia al reclamo de voto por voto, casilla por casilla que el abanderado perdedor lanzó.

El destacado académico se define a favor de recuentos generales si las elecciones son cerradas, pero enfatiza que la ley en ese momento no lo permitía y que hacerlo habría implicado generar “aún más sospecha y haber derruido por completo la legalidad de aquella elección.” Dulce María Sauri, senadora del PRI en esa coyuntura plantea: “Y si en el recuento total o parcial hubiera sucedido que la diferencia entre el primero y el segundo lugar no solo no se revertía, sino que se mantenía o ampliaba, ¿qué hubiera sucedido con AMLO? ¿Lo hubiera aceptado?

Me parece que no”. “AMLO nunca derrotó a Felipe Calderón. El origen del problema fue el enorme silencio del IFE esa noche”, señala Germán Martínez Cázares, representante entonces de Acción Nacional en el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Cuenta que había un acuerdo, promovido por el representante del PRI, de que el IFE no iba a decir nada la noche del 2 de julio si los conteos rápidos eran estrechos en la diferencia de votos. “El Consejo, viendo las graves circunstancias de esa noche silenciosa, debió salir a dar los resultados tal y como llegaron, aunque fueran estrechos y los márgenes de error se cruzaran”, considera el diputado federal del PAN. Como aquel domingo lo pidió a los consejeros electorales, Martínez Cázares piensa que el IFE debió informar de sus conteos rápidos al tiempo que se esperaban los resultados preliminares y los cómputos oficiales.

El secretario de la Función Pública y dirigente del PAN en el sexenio de Calderón se sumó a la campaña de López Obrador en 2018, siendo senador de Morena y titular del IMSS. Sus diferencias con el gobierno lo hicieron regresar a la oposición en 2021.

Desde esa experiencia evalúa: “El impacto fue importante porque en ese 2006 incubó la matriz autoritaria de un movimiento ficticiamente progresista que dividió al país profundamente; expresó abrazar las reglas democráticas y, llegando al poder 12 años después, las destruyó. ¿El resultado?: la democracia mexicana está esterilizada con programas sociales; el poder político no está limitado para su ejercicio, el desarrollo económico estancado, la inseguridad y la impunidad instaladas, y los órganos electorales no son autónomos, profesionales o imparciales. “Se dividió a la sociedad, sí, en izquierda y derecha.

Quedó claro quiénes querían seguir viviendo bajo una tutela estatal añeja y quiénes apoyábamos un desarrollo moderno desde el mérito, la iniciativa y el empeño social”. Rechaza la versión de que hubo fraude, enfatizando que en las mismas casillas, con los mismos funcionarios y reglas, también ganó Marcelo Ebrard la Jefatura de Gobierno por el PRD. “La democracia reclama demócratas.

¿En esa elección ellos sí triunfaron ‘limpiamente’ y los votos de Felipe Calderón en el entonces Distrito Federal fueron viciados? Esa contradicción los desnuda, y brota el infantil berrinche electoral que reclama fraude donde pierdes”.

Señala que de esas mismas urnas que le dieron el triunfo a Calderón salieron 36 senadores y 158 diputados federales lopezobradoristas. “¿Ellos no fueron ilegítimos?”. Califica de falso el señalamiento de que no se atendió el reclamo de AMLO. “Se abrieron y recontaron voto por voto 12,000 casillas de 130,000 que se instalaron en el país, y no cambió absolutamente nada el resultado de los conteos de los ciudadanos en las casillas”.

Cuestionado sobre la idea de que el aval del PRI al candidato ganador respondió a un pacto, responde que la campaña de Calderón y el PAN dialogaron con otras fuerzas políticas y sociales. Y recuerda una foto en la que “Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña empujan un diablito color azul con tres cajas, dizque repletas de pruebas; estaban vacías y al Tribunal Electoral no le presentaron nada.

Espectáculo postelectoral. Patraña”. “En 2006 se pudieron acreditar muchas anomalías, pero no tomó el Tribunal Electoral la decisión histórica que le correspondía, haber contado todos los votos.

Y eso hubiera permitido que López Obrador hubiera sido presidente de la República de 2006 a 2012 con una gran ventaja para México: no hubiera tenido el control del Congreso. Y esa es la diferencia total”.

Es la reflexión de Dante Delgado, líder del partido Convergencia que, junto con el PRD y el PT, postularon al candidato AMLO hace 20 años. Recuerda el exsenador que esa coalición no alcanzó a tener la mayoría en ninguna de las cámaras. “Hubiera sido un presidente más negociador, como lo había sido en la primera etapa de jefe de Gobierno de la ciudad.

Hubiera tenido motivo de conciliación con todos los sectores y no se hubiera reflejado más tarde un profundo rechazo y rencor a lo que fue ese fraude electoral, descalificando desde entonces a las instituciones”. Describe que, a partir del saldo de 2006, López Obrador genera “una animadversión a la procuración de justicia y en la administración de justicia”.

Para el exembajador, la actuación de las instituciones electorales fue “un parteaguas en el desarrollo político futuro del país”, al validar el proceso. “Evidentemente se dio fraude electoral ex ante; hubo una campaña patrocinada de manera muy violenta de que López Obrador era un peligro para México. “Por eso es tan simpática la carta que le acaba de mandar Andrés a Trump, cuando le dice que prefiere al de antes. Se está viendo en un espejo.

A mí también me hubiera gustado tener en la Presidencia la versión del Andrés del 2006, el de antes de esa tragedia política que le pasó a México entonces”. Pero el exgobernador de Veracruz también reconoce que en el resultado adverso pesó la falta de representación en las casillas; la negativa del candidato a tender puentes con el sector privado, despreciando el apoyo del SNTE y de gobernadores; creer que 10 puntos de ventaja en las encuestas predeterminaban el triunfo y no tener presente todo lo que se haría desde el poder para frenar un proyecto de cambio que podía quitarles el poder.

Lo sucedido antes del 2 de julio se reflejó en la diferencia de 0.56% de la votación a favor de Calderón, señala. A la pregunta de si atender el reclamo de ir al recuento hubiera derrumbado la ventaja del abanderado del PAN, Delgado responde: “¡Claro!

¿Por qué? Porque mucho de eso estaba solamente en las actas.

Sí, los fraudes electorales no se hacen metiendo votos. Se hacen teniendo el resultado de la casilla electoral, de la sábana electoral”.

En opinión de Dante Delgado, el rechazo del Tribunal al recuento dio paso a un sentimiento de agravio de consecuencias muy delicadas para la vida actual del país. “Y muchos actuaron simplemente con el sentimiento del corazón o con el coraje de la parte hepática del cuerpo. Y la tragedia de México es que muchos siguen pensando de la misma forma”.

Plantea el exparlamentario que la llegada al poder de Felipe Calderón “se da en condiciones de fragilidad democrática”, bajo el señalamiento de la intervención del poder público en favor de su candidatura y acuerdos de negociación con el SNTE y algunos gobernadores. “Todo lo que no quiso hacer en el 2006 y en el 2012, y que se le recomendaba, él lo hace desesperadamente en 2018. “Ya que llega al poder, no deja de pensar en lo que sucedió en el 2006 y piensa que es el momento de la revancha. Y en política no debe haber revanchas”, concluye. “La legitimidad de los órganos electorales debe estar sobre toda sospecha para que puedan ejercer plenamente su función.

No basta con el respeto formal a la legalidad. Esa es una de las principales lecciones de hace 20 años que no podemos ni debemos olvidar”.

Con esa valoración revisa las consecuencias del 2 de julio la historiadora Dulce María Sauri, entonces senadora del PRI, quien recuerda que con el IFE ciudadanizado y el Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial (TEPJF) se avanzó en 1996 en la construcción de reglas que dieron paso a la alternancia en el 2000. Aclara la exdirigente del PRI que la demanda del recuento “voto por voto” del candidato del PRD no podía ser satisfecha conforme a los criterios legales de entonces.

No obstante, a su juicio, “la calificación de la elección presidencial, realizada por segunda ocasión por la Sala Superior del TEPJF, reforzó la convicción en la fuerza perdedora de haber sido víctima de un fraude electoral”. Y es que, recuerda la expresidenta de los diputados, “el reconocimiento por parte del Tribunal sobre la intervención presidencial fue, a juicio de la y los magistrados de su Sala Superior, insuficiente para alterar los resultados finales”.

Detalla que el cuestionamiento persistió, motivando la creación de un “gobierno legítimo” con AMLO a la cabeza y, en 2007, la reforma que, con el respaldo de las fuerzas, relevó al Consejo General del IFE anticipadamente y creó reglas para prevenir la participación indebida de las y los funcionarios públicos en las campañas electorales, endureciendo el acceso a la contratación de publicidad y propaganda. “No se desestimó la impugnación; no había un marco legal suficientemente robusto para poder realizar la apertura de la totalidad de las casillas y un nuevo recuento de los votos”. Interrogada sobre si fue correcto el aval del PRI a Felipe Calderón, cuya toma de protesta pudo realizarse en medio de la toma que de la tribuna hacían los legisladores del PRD, aclara que no fue un respaldo al candidato, sino el acatar la declaración del TEPJF. “Si el PRI no hubiera apoyado esta acción, considero que podría haberse generado una crisis constitucional de imprevisibles consecuencias.

Sólo hubo una pequeña diferencia porcentual entre los dos candidatos más votados, 0.56%. El candidato del PRI quedó en un lejano tercer lugar.

El reconocimiento de la enorme fuerza de la izquierda agrupada en el PRD se dio en la convocatoria a la reforma del Estado”. Comenta la exgobernadora de Yucatán que algunas veces ha imaginado lo que hubiera sucedido si esa diferencia mínima hubiera favorecido a AMLO. “AMLO presidente en 2006 no habría cargado con la cauda de sinsabores y rencores que acompañaron su carrera política a partir del rechazo al resultado de 2006”, plantea.

Los contrapesos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información se habrían mantenido como eficaces contrapesos, aventura la experimentada política. “El Instituto Federal Electoral hubiera mantenido su legitimidad. Y lo más importante: en 2012 ya hubiera concluido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, concluye la política yucateca. “A 20 años, creo que las decisiones fundamentales del Instituto Federal Electoral fueron correctas en lo jurídico y en lo institucional”, afirma Luis Carlos Ugalde, presidente entonces del IFE.

El fundador y director general de Integralia Consultores recuerda que mientras en las calles se exigía abrir todas las casillas y contar nuevamente todos los votos; en los expedientes, la coalición del PRD, PT y Convergencia sólo pidió el recuento de 21,786 casillas, equivalentes a 16.6% del total de la elección de 2006. “Es falso que la impugnación se haya ignorado. Fue revisada, fue procesada y derivó en recuentos, anulaciones y ajustes al cómputo final. “El Tribunal Electoral no ignoró esa petición.

Ordenó un recuento parcial de 11,724 casillas, equivalentes a 9% del total. Es decir, abrió más de la mitad de las casillas.

En esos recuentos, los cambios fueron marginales y no apareció evidencia de fraude”. Afirma que ha sido la elección presidencial más competida en la historia de México y la más plural en el plano legislativo, por lo que “la del 2006 también debe verse como un reflejo de salud democrática: la gente participó, votó y expresó sus preferencias en un contexto de competencia real”.

Para Luis Carlos Ugalde, la lección del 2 de julio de 2006 es que no basta con que la autoridad electoral haga bien su trabajo; se requiere que los partidos y candidatos actúen con responsabilidad democrática. “Si los actores se comportan de forma desleal frente a las reglas del juego, pueden dañar la percepción de una elección, aun cuando la elección haya sido legal y los votos se hayan contado correctamente”. Una de las consecuencias de esa situación, explica, fue la reforma electoral de 2007, ya que con ésta se buscaba responder a las quejas planteadas por López Obrador y su coalición en materia de equidad, propaganda gubernamental, campañas negativas y neutralidad de los gobiernos durante los procesos electorales. “Paradójicamente, muchas de esas restricciones —incluida la exigencia de neutralidad gubernamental— fueron después debilitadas o desmanteladas durante el propio gobierno de López Obrador”.

En la actualidad en la Universidad de Harvard como investigador visitante, el expresidente del IFE argumenta que, para ser exitosa, una elección democrática requiere que la autoridad electoral la organice bien y cuente los votos con transparencia; que la gente participe; y que los actores políticos acepten los resultados con responsabilidad. Remarca que lo anterior implica que los contendientes reconozcan que se puede ganar o perder, incluso por márgenes muy estrechos. “El IFE hizo lo que le correspondía: organizó la elección, instaló casillas, contó los votos, llevó a cabo los cómputos distritales y actuó conforme a la ley y a los acuerdos aprobados previamente con los partidos”, enumera.

Reitera que una elección no depende sólo de la autoridad electoral. Y que, cuando un actor decide desconocer las reglas que aceptó previamente, o descalificar a la autoridad sólo porque el resultado no le favorece, daña la percepción pública de la elección y erosiona la confianza en las instituciones. “Eso fue lo que sucedió en 2006.

El problema no fue que el IFE hubiera organizado mal la elección; el problema fue que algunos actores decidieron convertir una derrota estrecha en una narrativa de fraude. “El IFE no podía actuar con base en presión política, intuiciones o conveniencias de coyuntura. Tenía que ceñirse a la ley”.