Mientras en Panamá los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares esperan fecha para ser procesados por la Corte Suprema de Justicia —acusados de lavado de activos en el caso Odebrecht—, en Estados Unidos estos convictos han solicitado al presidente Donald Trump un indulto por sus delitos. Ambos fueron condenados a 36 meses de prisión luego de declararse culpables conspirar para lavar activos utilizando el sistema financiero estadounidense.

Ahora, sus nombres figuran en una larga lista de personas que, al igual que ellos, aspiran al perdón presidencial. Esa lista se encuentra en una dependencia del Departamento de Justicia denominada Office of the Pardon Attorney (Oficina del Abogado de Indultos).

La información en la que se basa la solicitud de los Martinelli Linares no está disponible al público, al igual que la de ningún otro aspirante al perdón. Únicamente aparecen sus nombres, así como los requisitos y formularios de petición.

Los hermanos cuentan con un número de caso cada uno, y sus expedientes datan de 2025, justo cuando Trump llegó al poder en Estados Unidos. Ambos pretenden obtener el perdón luego de completar sus respectivas condenas.

Su solicitud está pendiente de decisión. El Departamento de Justicia advierte que procesar estas peticiones podría tomar meses e incluso años.

La petición, aunque dirigida al presidente Trump, la atiende el Departamento de Justicia mediante un minucioso procedimiento de verificación e investigación que podría servir de base —en teoría— para otorgar o denegar el perdón presidencial. Con el indulto que solicitan, los Martinelli Linares —en caso de ser concedido— pretenderían el restablecimiento de libertades civiles, como el derecho al voto.

No obstante, lo que realmente buscarían es eliminar las barreras que les impiden volver a Estados Unidos, obtener licencias y acceder al empleo, la vivienda y la educación. Si fueran beneficiados, no obstante, seguirían apareciendo en los registros oficiales de Estados Unidos como convictos: su condena no sería borrada ni eliminada.

¿Qué oportunidad tienen de recibir la clemencia de Trump? Es difícil saberlo, pero quizá los antecedentes permitan identificar un patrón en la concesión de indultos del mandatario.

Un reportaje publicado en enero de este año por NBC News dio a conocer que, hasta entonces, Trump había concedido 88 indultos. “Apenas un año después de haber iniciado su segundo mandato —comunicó el medio—, el presidente Donald Trump ha indultado a un número inusualmente alto de personas adineradas acusadas de delitos financieros, según un análisis de NBC News de las últimas cuatro administraciones”. Estadísticamente, los Martinelli Linares tendrían una buena oportunidad de recibir un indulto presidencial bajo este patrón, ya que “más de la mitad de los 88 indultos individuales de Trump son por delitos de cuello blanco, siendo el lavado de dinero, el fraude bancario y el fraude electrónico algunos de los delitos más frecuentes que el presidente ha perdonado”, indicó NBC News.

Los hermanos Martinelli Linares encajan en este perfil delictivo: fueron condenados en 2022 por una corte federal de Estados Unidos por un delito de cuello blanco, luego de confesar su participación en el lavado de activos relacionado con el caso Odebrecht. Admitieron haber lavado $28 millones en el sistema financiero estadounidense.

Elizabeth Oyer, quien fue abogada de la Oficina de Indultos del Departamento de Justicia, declaró en abril pasado a la revista The New Yorker que “Trump ha trastocado por completo el sistema de indultos [...]. Existe una floreciente economía de indultos en la que, si tienes acceso privilegiado o si tienes el dinero para contratar al abogado o lobista adecuado, básicamente puedes comprar un indulto.

Si puedes pagar para asistir a una de esas cenas millonarias en Mar-a-Lago o si puedes hacer una donación gigantesca a los intereses políticos de Trump, o si puedes financiar su negocio de criptomonedas, entonces puedes obtener un indulto”, dio a conocer. En el extenso artículo de The New Yorker, titulado “La economía de los indultos de Donald Trump”, se recoge la versión de la Casa Blanca, que insiste en que el dinero no influye en los indultos que otorga Trump.

No obstante —agrega la revista— la evidencia sugiere lo contrario. “Si eres un hombre inmensamente rico que busca un indulto, hacer una contribución es probablemente la mejor manera de realzar tu imagen”, comentó al medio un lobista republicano. La fuente puso este ejemplo: en 2023, Trevor Milton, fundador de una empresa emergente de vehículos eléctricos y de hidrógeno, fue condenado a cuatro años de prisión por estafar a sus inversionistas.

El “indulto de inocencia” de Trump, como lo denominó Milton, no solo lo eximió de cumplir condena, sino que también lo libró de pagar una indemnización a sus defraudados, una suma que, según los fiscales federales, ascendía a más de $660 millones. “Hubo una pérdida real para las personas que escucharon al Señor Milton e invirtieron [en su empresa] debido a lo que oyeron de él”, expresó el juez que supervisaba el caso. Antes de 2024, Milton hacía pequeñas contribuciones a Trump: $1,500 en 2016 y $10,000 en 2022.

No obstante, en 2024, cuando apelaba su condena, él y su esposa donaron $3.6 millones a Trump y a otros candidatos republicanos, asimismo de casi un millón de dólares a Robert F. Kennedy Jr., luego de apoyar a Trump, según registros de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos.

Si un indulto implica la devolución de multas y la restitución del dinero a los condenados, cabe preguntarse si los hijos de Martinelli recuperarían los $18.9 millones que le fueron decomisados y la multa de medio millón de dólares que pagaron entre ambos. La Prensa habló con representantes del Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC, por sus siglas en inglés).

Esta organización ha estado investigando los indultos otorgados por Trump, así como las exclusiones de listas sancionatorias, como la Lista Clinton del Departamento del Tesoro, la Lista Magnitsky y otras listas, incluyendo las de personas y funcionarios que tienen vetado recibir visas de ingreso a Estados Unidos. Fue durante esa investigación, en 2025, cuando detectaron a los Martinelli Linares como peticionarios de indultos.

Explicaron que, si reciben esos indultos, también podrían abrir cuentas bancarias en Estados Unidos e incluso ser candidatos a obtener la ciudadanía de ese país si llegaran a solicitarla. Asimismo, tendría un impacto en el aspecto pecuniario de la pena, ya que aparentemente podrían solicitar la devolución de los bienes que entregaron, así como de las multas que pagaron.

Aunque no hay noticias que revelen la presencia de algún familiar de los Martinelli en esas cenas organizadas en la residencia privada de Trump en Mar-a-Lago (Florida), sí existen registros de la asistencia de abogados, copartidarios y amigos cercanos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, quienes viajaron el 2 de abril de 2025 en el avión de la familia Martinelli para participar en la cena de la American Patriots Gala. Entre los viajeros se encontraban los diputados Luis Eduardo Camacho, Ronald De Gracia, Omar Ortega, Shirley Castañedas y Jamis Acosta, quienes asimismo son abogados de Martinelli.

El viaje habría sido costeado por el exgobernante, quien, asimismo, compró una mesa para 12 personas en la gala y puso el avión privado de su familia a disposición de los diputados. También en enero de 2025 se registró el primer viaje de los diputados del partido Realizando Metas (RM), Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho, para asistir a una cena de gala previa a la toma de posesión de Trump.

Antes de Trump, debido al reducido número de indultos otorgados, no era tan fácil obtener uno. No obstante, aunque las formalidades se mantienen, los lobistas pueden determinar la suerte de estas solicitudes.

Sus servicios cuestan millones de dólares. Se desconoce si los hermanos han contratado lobistas, pero sí habrían tenido que cumplir las formalidades que exige el Departamento de Justicia, entre ellas responder con total y absoluta sinceridad preguntas como cuáles son sus motivos para solicitar el indulto.

El Departamento de Justicia sugiere que, para responder esa pregunta, se consideren otras interrogantes. ¿Cómo cambiaría su vida si se le concediera el perdón?

¿Qué desafíos ha enfrentado debido a su condena? ¿Alguna vez se le ha negado un empleo, una licencia u otra oportunidad debido a su condena?

En teoría, en este caso habría poco espacio para victimizarse si los peticionarios pretenden seguir las sugerencias de los lobistas. El formulario también aborda sus actividades comunitarias.

¿De qué manera ha participado en su comunidad desde su condena? (El formulario aclara que el término “comunidad” puede incluir a la familia, el vecindario, la ciudad, la comunidad carcelaria u organizaciones y asociaciones). ¿Ha brindado apoyo a miembros de la comunidad, como vecinos y familiares?

¿Ha cuidado a un familiar de edad avanzada? ¿Ha colaborado con una organización cívica o religiosa o con una asociación profesional?

¿Ha participado en la comunidad carcelaria como tutor, mentor o acompañante en la vigilancia contra el suicidio? Todo esto contribuiría —teóricamente— a obtener una opinión favorable para lograr el indulto.

El documento también aborda la conducta por la que el solicitante fue condenado. “Queremos escuchar su versión, en sus propias palabras. Cuanto más específico y completo sea, más útil nos resultará.

Buscamos específicamente información que no figure en el expediente público de su caso”. Si los Martinelli Linares se apegan al guion del último día del juicio, tendrían que haber dicho —al responder la pregunta “¿cómo, cuándo y por qué se involucró en el delito?”— que fueron obligados por su padre, el expresidente Martinelli, también condenado en Panamá por lavado de activos en el caso New Business.

Y si responden a la siguiente pregunta —y su respuesta fuera honesta—, sus palabras podrían comprometerlos en el juicio que enfrentan en Panamá por el mismo caso: “¿qué acciones llevó a cabo en relación con el delito? (Incluya todas las acciones, incluso si se declaró culpable solo de una conducta específica...)”. La información que proporcionen los hijos de Martinelli es de carácter confidencial para el Departamento de Justicia, no así para el presidente que otorga o deniega el indulto, quien no tiene restricciones para hacerla pública si así lo quisiera.

La Oficina del Abogado de Indultos recomienda a los solicitantes revisar con frecuencia si el indulto ha sido otorgado. Por el momento, deben seguir esperando.

Natalia Molano, la portavoz del Departamento de Estado, expresó que no tiene conocimiento sobre la solicitud de los Martinelli. “Todavía no se ha hecho pública ninguna solicitud, pero siempre se va a publicar. Eso es algo de las agencias de la ley, que cuando se publiquen es porque ya tienen todas las evidencias en orden”, expresó Molano a una periodista de La Prensa, cuando estuvo en Panamá como parte de la comitiva estadounidense que participó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) “Se toma muy en serio cualquier cosa que se publique en una fuente oficial, así que esperaremos que venga una fuente oficial para saber todo en detalle”, agregó.