El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha anulado la orden de desalojo y derribo de una vivienda en la Cañada Real Galiana al considerar que el Ayuntamiento utilizó un procedimiento inadecuado para ejecutar la demolición, lo que generó indefensión al afectado. Por todo esto, el juzgado ha condenado al Ayuntamiento de Madrid al pago de las costas, con un límite de 1.000 euros.

Por su parte, el consistorio ha evitado entrar a valorar el fondo de la sentencia y se ha limitado a afirmar que, “como con cualquier pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento acatará el resultado”. Preguntado por un posible recurso, ha respondido que hará “lo que indiquen los servicios jurídicos”, sin aclarar si impugnará la resolución.Seguir leyendo