La Declaración de Panamá puso fin a la 56 Asamblea General de la OEA cerca de la medianoche del jueves. El documento fue aprobado por los Estados miembros, pero la hora a la que se cerró el acuerdo da una pista sobre lo que costó alcanzarlo.

De hecho, varios países dejaron constancia de sus diferencias mediante notas de pie de página y reservas que quedaron registradas en el texto final. Los representantes de Estados Unidos, país bajo la administración de Donald Trump, acompañaron el consenso, pero anunciaron notas de pie de página a por lo menos seis párrafos del documento.

Algunos de ellos se concentran en el reconocimiento del multilateralismo como instrumento legítimo de gobernanza hemisférica, el compromiso de combatir la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, y la reafirmación del artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana, que establece la eliminación de la discriminación de género como pilar democrático. El alcance de las observaciones de Estados Unidos no fue divulgado por la OEA.

Durante la primera plenaria Christopher Landau, vicesecretario de Estado, reclamó una organización más activa frente a las amenazas que Washington considera riesgos para la democracia y la seguridad del hemisferio. Aunque en su discurso no mencionó a China, Estados Unidos ha alertado una y otra vez sobre lo que consideran “presencia maligna” de Pekín en la región.

La declaración final no menciona países ni identifica amenazas específicas. En materia de derechos humanos, los choques más visibles giraron en torno al artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana, que establece que la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la de género, étnica y racial, es un pilar del fortalecimiento democrático.

Asimismo de las observaciones de Estados Unidos en esta parte, otros países presentaron reparos. Paraguay, gobernado por Santiago Peña del Partido Colorado, de derecha conservadora, aclaró que toda referencia al término “género” en los documentos adoptados será interpretada conforme a su Constitución y ordenamiento jurídico interno.

El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, también de derecha, estableció reserva expresa sobre el término “discriminación de género” y cualquier categoría no reconocida en su legislación, y añadió que los mecanismos regionales deben ceñirse al principio de soberanía nacional. Por el contrario, Uruguay, donde gobierna Yamandú Orsi del Frente Amplio, de centroizquierda, reafirmó la importancia de la participación plena de mujeres, pueblos indígenas y personas afrodescendientes.

México, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia también se reservaron el derecho a presentar notas, pero no se detalla su contenido. Ese es el trasfondo del documento que los cancilleres y otros representantes aprobaron.

De hecho, la declaración recurre a términos amplios cuando se refiera a algunos temas espinosos discutidos durante la asamblea: habla de “amenazas tradicionales” y “nuevas amenazas” a la seguridad hemisférica de carácter multidimensional, llama a fortalecer la cooperación regional y destaca al Canal de Panamá como infraestructura crítica para la seguridad económica y alimentaria del hemisferio. No menciona países ni identifica amenazas específicas.

Algunos de los discursos pronunciados durante las sesiones reflejaron algunas de las divergencias que quedaron registradas en los pies de página. La representante de México, Raquel Serur, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, del partido Morena, de izquierda nacionalista, defendió el multilateralismo pero dejó claro que este debe sustentarse en el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. “La historia nos ha demostrado que las soluciones impuestas desde afuera nunca son sostenibles”, aseveró en la tarde del miércoles.

También expresó que las medidas coercitivas unilaterales y las presiones externas no contribuyen a la paz ni a la estabilidad. La canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, representante del gobierno de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, de izquierda progresista, desarrolló una línea similar.

Advirtió que el hemisferio enfrenta dos riesgos: el unilateralismo ejercido “por Estados con mayor poder económico y militar, y la injerencia de esos poderes en los procesos democráticos de otros países”. Citó recientes declaraciones de mandatarios extranjeros sobre el proceso electoral colombiano como ejemplo de intromisión en asuntos internos.

Mientras esas delegaciones centraban sus mensajes en la defensa de la soberanía, otras pusieron el foco en amenazas transnacionales. El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, alertó sobre la presencia de Hamás y Hezbolá y militares rusos en Nicaragua.

Pidió fortalecer la cooperación regional para enfrentar esas organizaciones. Pero el episodio más directo de la Asamblea, no obstante, lo protagonizaron el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, y el observador de China en la OEA.

Xie Feng, representa de China, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados por Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, y denunció lo que calificó como afectaciones a los intereses de inversionistas chinos. Entonces, Martínez Acha acusó ante el pleno a representantes chinos de haberle solicitado que interviniera para revertir el fallo de la Corte.

Un día antes, en la inauguración de la asamblea, Mulino había denunciado las “injustificadas” detenciones de embarcaciones con bandera panameña. “Hago un llamado de cordura porque es en esta Asamblea el lugar para decirlo con claridad. El derecho marítimo internacional, el libre tránsito por los mares, la libertad de comercio no pueden convertirse en instrumentos de presión política por nadie.

Exigimos que todas esas detenciones cesen de inmediato”, expresó.