La Contraloría General de la República (CGR) declaró no ajustada a derecho una resolución de noviembre de 2025 proveniente de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca), cuyo objetivo fue abrir el registro pesquero artesanal (RPA), en el marco de la Ley de Fraccionamiento que aprobó en el Congreso el gobierno de Gabriel Boric a mediados del año pasado.Este proceso de la CGR se inició luego de la solicitud de diferentes gremios pesqueros -entre ellos Sonapesca y representantes del sector artesanal- de pronunciarse sobre la legalidad de la resolución número 2.563 de 2025. Ello, porque con la apertura del registro, un catastro formal de los pescadores artesanales, se dio acceso a pesquerías que se encontraban en estado de explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.

El oficio de la Contraloría plantea que el aumento de la fracción artesanal de la cuota global de captura, y que está vinculada a la Ley de Fraccionamiento Pesquero (N° 21.752), debe contar con una consulta al consejo zonal y al comité de manejo que corresponda, proceso que no se cumplió. “Condición sobre la que la Subpesca no se pronunció en su informe ni acreditó que haya sido cumplida. En consecuencia, no se ajustó a derecho la dictación de la resolución exenta N° 2.563, de 2025, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en los términos ya expuestos, por lo que, dicha entidad deberá regularizar la situación observada", se lee en el documento.

Desde la actual administración de Subpesca señalan que la RPA, hasta la fecha de la resolución del año pasado, se encontraba cerrada y en análisis de solicitud de miles de pescadores artesanales. Luego de esta, se inscribieron 12 mil nuevos pescadores en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola.

Subpesca dice que con esto se pasaron “por alto los mecanismos técnicos establecidos en la actual legislación y sin respetar las listas de espera de otros artesanales que sí habían realizado el proceso en la forma correcta”.Apuntan al gobierno anteriorEl actual subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, expresó que “el informe de la Contraloría confirma que se adoptó una medida profundamente irresponsable, pues se abrió un registro que generó expectativas en miles de pescadores artesanales, sin contar con el respaldo normativo correspondiente”. Con ello, agregó la autoridad, “se pasó por encima de muchos otros pescadores que realizaron sus trámites y procesos cumpliendo las reglas vigentes y dentro del marco legal establecido”.

Urrutia concluyó señalando que “como subsecretaría vamos a cumplir y adoptar todas las medidas instruidas por la Contraloría, asumiendo que se trata de una ilegalidad cometida por la administración anterior”.La resolución impugnada data del 14 de noviembre del año pasado, firmada por el entonces subsecretario de Pesca, Julio Salas.Ahora la subsecretaría deberá informar, en los próximos 15 días hábiles, las decisiones y medidas que se tomen al respecto.