El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella criminal por administración desleal y prevaricación en fondo de $9 mil millones contra el exgobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas. La acción judicial fue presentada por el actual gobernador de La Araucanía, René Saffirio, en su calidad de presidente del Directorio de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, contra autoridades, exautoridades, directivos, exfuncionarios y asesores jurídicos por los delitos de administración desleal y prevaricación, respectivamente.Declarada la admisibilidad, se iniciará la tramitación de la querella que está dirigida contra los funcionarios vinculados a la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, que desempeñaron roles determinantes en la gestión de recursos del programa de fondos concursables “Reactivación Económica de las MIPYMES”, que transfirió cerca de $9 mil millones a 328 beneficiarios.“Cuando existen antecedentes de esta gravedad, la obligación nuestra no es guardar silencio, sino acudir a la justicia.

Es importante precisar que no estamos persiguiendo personas, sino que estamos exigiendo responsabilidades”, explicó el gobernador de La Araucanía. Entre los querellados, asimismo del exgobernador regional y presidente del directorio, Luciano Rivas, y su exjefe de gabinete y director de la Corporación, Juan Pablo Leonelli, figuran también Cristian Salas, exdirector de la Corporación, y Stephanie Caminondo, exasesora jurídica de la Corporación y actual seremi de Justicia, entre otros querellados.La querella por $9 mil millonesLa querella fue presentada luego de que se detectara un presunto perjuicio patrimonial de $5.898.757.180 asociado a gastos rechazados en la ejecución de un programa que contaba con un presupuesto total de $9 mil millones.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la acción judicial, cerca del 65% de los recursos ejecutados fueron observados y rechazados, configurando una situación que podría dar cuenta de eventuales irregularidades en la asignación y uso de los fondos, incluyendo posibles beneficios a personas vinculadas a los entornos personales, políticos y comerciales de los querellados y denunciados.La investigación interna dio a conocer un patrón de irregularidades cuyo punto más crítico se sitúa en la Comisión de Evaluación Estratégica, integrada por los querellados Luciano Rivas, Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas, instancia encargada de definir los proyectos cuya adjudicación se recomendaba al Directorio. Sus miembros habrían intervenido a favor de personas vinculadas a su entorno sin inhabilitarse, eludiendo normativas de control y deberes de abstención.

Como resultado, la comisión privilegió la adjudicación de proyectos con menor puntaje en desmedro de iniciativas mejor evaluadas, decisiones que carecen de respaldo documental: la Corporación, a la fecha, no cuenta con actas del proceso de evaluación efectuado por dicha comisión.“Quienes recibimos el encargo de administrar recursos públicos no recibimos un cheque en blanco para favorecer a algunos, sino para desarrollar la región y apoyar a los grupos vulnerables, y ello es un mandato sagrado de probidad. La administración desleal es la traición a la confianza de toda una región.

No permitiremos que las redes de intereses particulares ahoguen el desarrollo de La Araucanía”, indicó Saffirio. Asimismo, en paralelo y por los mismos hechos, el gobernador René Saffirio presentó una denuncia por la comisión de eventuales delitos cuyo bien jurídico protegido es la función pública, tales como fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, sin perjuicio de otros que pueda determinar la investigación penal.