El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto los nombramiento de Justo Vargas y Adrián Hernández como magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, en medio investigaciones administrativas que se desarrollan sobre la asignación deliberada (y no aleatoria, como indica la ley) de audiencias de alto perfil. Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que la decisión del Pleno busca fortalecer la administración de justicia.

También explicaron que se adelanta una serie de investigaciones relacionadas con funcionarios de la Oficina Judicial en el proceso de asignación de audiencias a jueces y magistrados. En el caso de Vargas, su esposa fue aprehendida por el Ministerio Público en una investigación por presunto peculado en el manejo de fondos de la descentralización en la Junta Comunal de Belisario Porras.

En cuanto a Hernández, se desconocen las causales para su separación del cargo. El pasado 9 de junio, Evangelina Araúz Adames, la coordinadora general del Sistema Penal Acusatorio (SPA), advirtió en una circular que queda prohibido a los magistrados y jueces solicitar al personal administrativo de la oficina judicial la asignación de una audiencia en particular.

Araúz señala que la instrucción fue dictada por la magistrada Maribel Cornejo, presidenta de la Sala Penal de la CSJ, y remarcó que el agendamiento de las audiencias dentro del SPA es una función exclusiva de los coordinadores y directores de la oficina judicial, por lo que ningún magistrado o juez puede solicitar nada. Asimismo, la circular instruye a los directores de oficina judicial del SPA al cumplimiento estricto de esta disposición.

Tanto el presidente José Raúl Mulino como el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se han quejado en reiteradas ocasiones de la concesión de medidas cautelares distintas a la detención provisional a favor de aprehendidos en casos de pandillerismo o narcotráfico. El mandatario comentó que los jueces del SPA actúan “como si estuvieran en otro país”, sobre todo en casos emblemáticos en los que algunos procesados enfrentan cargos por el presunto latrocinio de $200 millones o $300 millones.

Mulino expresó estar muy preocupado porque los magistrados de tribunales superiores confirman estas decisiones cuando el Ministerio Público apela.