Un grupo de alcaldes de la región Metropolitana remarcó este martes una reunión en La Moneda con el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, para solicitar que se acelere la discusión de la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente.La que ha comenzado a ser llamada “ley Alejandro”, por el niño de 12 años fallecido luego de una encerrona en San Bernardo, buscará una serie de cambios en esta materia.En ese sentido, los alcaldes Sebastián Sichel (Ñuñoa), María Isabel Valenzuela (Colina), Camila Merino (Vitacura), Jaime Bellolio (Providencia), Paula Garate (Melipilla) y Carol Bown (San Miguel) entregaron una serie de propuestas al Ejecutivo.Según detalla la propuesta jurídica de 21 páginas por parte de los jefes comunales, “no basta con aumentar el límite del artículo 18: el endurecimiento debe operar en la determinación de la pena, en la selección de la sanción, en la ejecución, en la sustitución, en la remisión, en la intervención técnica, en la participación de la víctima y en la responsabilidad agravada de los adultos que delinquen con menores". En ese sentido, señalan que “el ajuste debe operar dentro de los tribunales existentes, reforzando la especialización y la continuidad del conocimiento del caso, de modo que el juez que controla la ejecución tenga a la vista la sentencia, el delito, los antecedentes de la víctima, el plan de intervención y la evolución real del adolescente”.A esto añaden que resulta necesario “sustituir la lógica puramente aritmética por una lógica de proporcionalidad sustantiva”.“La reducción automática de la pena base y la tabla de sanciones pueden producir respuestas insuficientes cuando se trata de delitos comprendidos en los artículos 391 N° 1, 372 bis, 433 N° 1, 141 y 142 del Código Penal, u otros delitos cometidos en contexto de organización criminal", explican.A lo anterior señalan que resulta necesario un “catálogo mixto de delitos de máxima lesividad” y aumentar las exigencias del sistema adolescente.

Piden suma urgenciaTras la reunión, el jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó que el objetivo de la instancia de este martes fue “solicitar suma urgencia al proyecto de ley del senador Longton, que aumenta las penas, aumenta las agravantes y tipifica los delitos cometidos por menores de edad con violencia”.“Lo segundo es que le pedimos asimismo que el proyecto de ley del diputado, del actual senador Longton, sea perfeccionado y que corrija asuntos procesales graves hoy día que benefician de manera injusta al victimario y castigan de manera injusta a las víctimas. No puede ser hoy día que un delincuente tenga más privilegios y beneficios que una víctima de un delito como los que hemos visto”, añadió al respecto.La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, explicó que no quieren que los menores vayan a un sistema de adultos. “Que se mantengan en un sistema especial para los jóvenes, pero tienen que ser corregidos, porque una reinserción no es buena tampoco para ese menor que está delinquiendo porque la verdad que lo hemos visto, sigue la carrera delictual y en muchos casos al final termina muerto porque no tienen ni un control de impulso, andan a gran velocidad, uso de armas y muchas veces es también violentado en estos delitos que comete”, explicó.Por su parte, Jaime Bellolio, de Providencia, explicó que no están solicitando bajar la edad de imputabilidad o tratar a los menores como adultos: “¿Qué estamos pidiendo?

Que no sea impune, que cuando alguien asesina a una persona no haya un incentivo que lo siga haciendo“.“Si no hay consecuencias, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir teniendo más soldaditos del narco, vamos a seguir teniendo más jóvenes que cometen delitos violentos sin medir ningún tipo de consecuencia. Y nosotros como alcaldes nuestra obligación es proteger a las familias que residen en nuestras comunas y a todas las personas que pasan por nuestras ciudades”, añadió el jefe comunal.