La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el informe de la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis —de la que se calcula que podrían beneficiarse, si así lo deseasen, unas 80.000 personas— después de más de un año en un cajón y de que Sumar subiese el tono contra el PSOE por excluirlos del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, impulsado a mitad de abril y cuyo plazo de solicitud finaliza este mismo martes. El informe ha sido ratificado por todos los grupos políticos a excepción de PP y Vox, que han votado en contra, y de Junts, que se ha abstenido.

Ahora, el informe de la ponencia deberá volver a la Comisión de Justicia para aprobar el dictamen que se llevará al pleno para su convalidación definitiva. Desde Sumar, impulsor de la norma, han calificado este día de "histórico" en el que se avanza en la "reparación" del pueblo saharaui 50 años después de que España abandonase el territorio africano.

Fuentes del espacio ven perfectamente viable, "si hay voluntad", de que la Comisión de Justicia se convoque en los próximos días y la ley pueda votarse en el pleno extraordinario que prevé celebrarse el 23 de julio, el último previsto antes del final del curso político. De aprobarse, la norma entraría en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La proposición de ley gira en torno a dos medidas fundamentales. La primera, la concesión por carta de naturaleza de la nacionalidad española a aquellos saharauis nacidos antes del 11 de agosto de 1977 y sus descendientes directos, "aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país".

De este punto, las fuentes consultadas calculan que podrían beneficiarse unos 50.000 saharauis, aunque no prevén que todos decidan solicitar la nacionalidad. La segunda medida equipara la condición de los saharauis a las de los países iberoamericanos y judíos sefardíes con vínculos culturales e históricos con España.

De esta manera, para la concesión de la nacionalidad de cualquier saharaui que viva en España (unos 30.000 aproximadamente) bastará con haber residido dos años en nuestro país, por los 10 que deben esperar ahora al ser considerados apátridas. Una larga tramitación parlamentariaLa tramitación parlamentaria de la ley ha sido tortuosa y se ha erigido en uno de las grandes disputas surgidas en el seno del Gobierno de coalición.

La diputada de Sumar Tesh Sidi ha acusado en más de una ocasión al PSOE de hacer "una política a petición de Rabat" e incluso a pedir formalmente el amparo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que frenara el bloqueo al que a su juicio los socialistas estaban sometiendo la norma en la Comisión de Justicia. Durante el proceso, tanto la propia Sidi como el diputado Enrique Santiago advirtieron a su socio de que, si era necesario, buscarían el apoyo del PP, que desde el principio había visto con buenos ojos la iniciativa.

Por ese motivo, en Sumar ha extrañado "el giro de 180 grados" que han dado los populares ahora, un cambio de postura que achacan a la coyuntura política y a las asperezas que ha generado en Génova los efectos que, dice el PP, puede generar en el censo electoral la ley de nietos impulsada en 2022. La proposición de ley de la nacionalidad saharaui fue registrada en marzo de 2024 y tomada en consideración en febrero de 2025 con el único voto en contra de los socialistas, que ya la habían rechazado en 2023.

La paciencia de Sumar se agotó cuando a mediados de abril el Gobierno aprobó el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, del que quedaron excluidos los apátridas, figura que, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el 95% la representan los saharauis. Entonces, el PSOE arguyó que lo hacía basándose en la recomendación del Consejo de Estado, que aseguraba que los apátridas ya tenían un cauce específico para regularizar su situación, un cauce que ha sido ampliamente criticado por su excesiva lentitud.

En cualquier caso, el Consejo de Estado es un órgano consultivo y sus observaciones no son vinculantes, por lo que el PSOE podría haber optado por no seguir sus recomendaciones.No solo Sumar arremetió contra su compañero de Gobierno. También el PP, que ahora vota en contra del informe de la ponencia, se preguntó "qué deuda" tendría el presidente Pedro Sánchez con Marruecos "para volver a traicionar a los saharauis".

El tratamiento que España dispensa al pueblo saharaui ha sido siempre motivo de disputa con Marruecos, y las tensiones diplomáticas entre ambos países llegaron a uno de sus puntos más preocupantes cuando en 2021 el Gobierno acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño para que fuera atendido por covid-19. Días después de darse a conocer la noticia, Marruecos ordenó a sus autoridades de la frontera con Ceuta y Melilla relajar los mecanismos de control y en solo 48 horas cruzaron a territorio español más de 8.000 inmigrantes irregulares.

Desde entonces, el Ejecutivo se ha afanado en disgustar lo menos posible a Rabat, y en 2022 llegó incluso a protagonizar un giro histórico en su posición con respecto al Sáhara Occidental después de que pasase a considerar la postura de Marruecos para su independencia la "más seria, creíble y realista", una decisión que le valió críticas tanto de la oposición como de sus socios de izquierdas. En el conflicto del Sáhara Occidental, vigente desde 1975, el Frente Polisario reivindica un referéndum de autodeterminación para la ex colonia española, mientras que Marruecos solo acepta la opción de autonomía bajo su soberanía como única solución para el conflicto.