Fue en mayo pasado que el nuevo director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña (Republicano), anunció una investigación y denuncia ante el Ministerio Público por los pagos realizados a una de las empresas proveedoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) impartido en las escuelas del país por la institución que inició a encabezar en abril. En esa denuncia, Peña apuntó a la empresa Sociedad Servicios de Alimentación (Soser), compañía a la que se le pagó -según la denuncia- $14 mil millones luego de una licitación que consideró alza de precios.

Antecedentes que fueron entregados, asimismo de la Fiscalía, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Contraloría General de la República. “Es una situación grave. El presidente de la República me ha instruido personalmente a investigar y llevar estos antecedentes ante la justicia y también ante la Contraloría, que es lo que hemos hecho durante estos días”, afirmó Peña en esa ocasión.

Pero la denuncia del nuevo director de la Junaeb no quedó ahí, ya que recientemente la empresa proveedora de alimentos arremetió en tribunales en contra de Peña, presentando una querella por los delitos de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa. La acción judicial, representada por los abogados Miguel Schürmann y Alejandro Awad -de BACS Abogados-, fue ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y declarada admisible durante esta jornada por la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía Andrea Osorio.

La querellaEn el escrito ingresado ante el tribunal, la empresa querellante apunta a que la denuncia realizada por Peña no cuenta con sustento y que los aumentos de precios estaban justificados y basados en las mismas bases de la licitación. Pero más allá de eso, la querella cita que los mismos hechos ya fueron investigados en 2023 por la Fiscalía luego de una denuncia de diputados ante el Ministerio Público.

Indagatoria en la que se determinó y dictó el sobreseimiento definitivo para la compañía, luego de determinar que no se configuraron delitos en los hechos denunciados. Por lo mismo, fundamenta la empresa, Peña “ha presentado maliciosamente una denuncia ante la Fiscalía imputando responsabilidad a la sociedad querellante, a sabiendas de que estos hechos ya fueron sometidos a una investigación por parte del Ministerio Público en un procedimiento que culminó con la dictación del sobreseimiento definitivo del caso (…) porque los hechos no son constitutivos de delito”.En esa línea, la empresa agrega que la denuncia es calumniosa y “una decisión manifiestamente injusta que atenta contra la correcta administración de justicia por una instrumentalización indebida del aparato jurídico estatal”.

Asimismo de eso, plantean que “afecta la estabilidad de un servicio de alimentación que Soser entrega diariamente a miles de niños, niñas y adolescentes chilenos en situación de vulnerabilidad”.Cuando se presentó la denuncia, el Peña apuntaba a que existían nuevos antecedentes en el caso. No obstante, la empresa en su querella niega aquello y afirma que la denuncia del director de la Junaeb “pretende confundir al Ministerio Público y a la opinión pública dando a entender que supuestamente se habrían descubierto antecedentes ‘nuevos’ que, según él, se habían ocultado en la investigación anterior”.En ese sentido, agregan que respecto a la nueva indagatoria, “advertimos que ninguna de las acusaciones contenidas en la denuncia se ajusta a la realidad ni es constitutiva de delito.

Tal como se ha adelantado y fue zanjado también en la respectiva investigación”.“A diferencia de lo que sugiere, se trata de antecedentes que siempre estuvieron a disposición y en conocimiento de la Fiscalía y del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y específicamente al momento en que se puso término a ese proceso mediante la resolución de sobreseimiento definitivo del 20 de mayo de 2024”, se lee en la acción penal. Afectación a la imagen de la empresaEntre los hechos por los que la compañía se querelló recientemente contra el director de la Junaeb, la empresa también plantea que la acción de Peña afectó la imagen de Soser, ya que buscó difundir la información.

En ese sentido, los abogados Schürmann y Awad afirman, en el escrito, que “resulta paradójico y profundamente preocupante que quien encabeza el organismo público encargado de velar por la alimentación de los estudiantes que más necesitan del apoyo del Estado no esté orientando sus esfuerzos a garantizar la continuidad y calidad del servicio que reciben los niños y niñas bajo su tutela institucional, sino a sostener y profundizar una campaña de descrédito en contra de Soser, empresa que por años ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales con el Fisco”.“A la fecha se desconoce si las motivaciones del querellado para lanzar esta cruzada difamatoria dicen relación con algún deseo por adquirir notoriedad, o bien con eventuales conflictos de interés no declarados, pero en cualquier caso no responden a aquellas que debiesen impulsar la actuación de un funcionario público y por lo mismo deben ser investigadas en este proceso”, concluye la querella.