1. A lo suyo.

Apenas va llegando al poder y Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ya eligió el estruendo como carta de presentación al declarar objetivo militar a los cárteles mexicanos. Ante el desafortunado comentario, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió sin elevar el tono, y sugirió amablemente que cada país atienda su casa y la cooperación valga más que los desplantes.

La diplomacia evitó el choque frontal, aunque el episodio exhibe lo fácil que resulta convertir al crimen organizado en bandera política. Hacer ruido cuesta poco; sostener una estrategia regional seria, exige bastante más. 2.

Perdón pendiente. Claudia Sheinbaum volvió a colocar sobre la mesa un tema que parecía congelado, la disculpa de España por los agravios cometidos durante La Conquista.

Frente al rey Felipe VI, de visita en México por el Mundial, insistió en que no se trata de un diferendo diplomático, sino de un reconocimiento histórico ligado a los pueblos originarios y al combate contra el racismo y la discriminación. Felipe VI escuchó, mostró disposición para mantener el diálogo y abrió una ruta mediante el próximo Encuentro Iberoamericano.

El símbolo permanece intacto; convertirlo en un buen gesto político es una asignatura por cumplir. 3. Línea divisoria.

Rafael Micalco, diputado del PAN en el Congreso de Puebla, convirtió el diferendo con la SCJN, encabezada por Hugo Aguilar, en una disputa por los límites entre interpretar la Constitución y legislar. Micalco acusa al tribunal de marcar la ruta sobre la regulación de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes y anticipa que el Congreso poblano no modificará su postura, aun con posibles sanciones.

La controversia rebasa pone otra vez sobre la mesa hasta dónde llega la facultad de los jueces y dónde comienza la autonomía de los congresos locales. Con la justicia no se juega. 4.

Terreno legal. Félix Enrique Sellen Villanueva, abogado vinculado a Alejandro Moreno, llevó la disputa política al ámbito judicial con una denuncia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, por presunto tráfico de influencias.

El señalamiento descansa en declaraciones públicas que, a juicio del denunciante, ameritan una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La acusación abre un frente jurídico, pero la denuncia por sí misma no acredita responsabilidad.

A doña Layda se le complica atender la orden presidencial de no al nepotismo. ¿Desobediente? 5.

Engaño caro. La captura y vinculación a proceso de Héctor “N” y Miriam “N” exhiben que la extorsión telefónica sigue encontrando víctimas, incluso dentro del aparato federal.

Una servidora pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue convencida de transferir más de 229 mil pesos luego de un falso relato sobre un accidente de su superior. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX encabezada por Bertha Alcalde Luján, consiguió llevar el caso ante un juez, pero el episodio deja una lección: los delincuentes perfeccionan más rápido sus métodos.

Tiempos para no confiar.