Núremberg modificó de manera irreversible el derecho internacional. La soberanía, la jerarquía y el cargo público no pueden operar como refugio cuando desde posiciones de poder se facilita, protege o encubre una estructura capaz de producir daño masivo contra la población civil.

Desde entonces, la responsabilidad penal dejó de mirar sólo al ejecutor directo y empezó a seguir la ruta de mando, autorización, beneficio y omisión deliberada.Esa referencia resulta pertinente ante la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa. Según el Departamento de Justicia, habrían conspirado con dirigentes del cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a ese país a cambio de apoyo político y sobornos.

México tiene razón al exigir pruebas y debido proceso. La soberanía exige legalidad, pero no puede sustituir el examen de responsabilidades cuando existen señalamientos de alcance transnacional.La dimensión del caso importa.

En Estados Unidos, la crisis de sobredosis por fentanilo dejó de ser un problema de seguridad o salud pública aislado para convertirse en una emergencia sostenida. El Centro de Estadísticas de Salud (NCHS) precisa que en 2020 las muertes por consumo de esa sustancia fueron 91mil 799; 106 mil 699 en 2021; 107 mil 941 en 2022; en 2023 fueron 105 mil 7.

Para 2024 reporta 79 mil 384, y para 2025 se estiman 69 mil 973.La pregunta jurídica y política es inevitable. Si una autoridad utilizó el poder público para proteger rutas, operaciones o estructuras que hicieron posible ese tráfico, el problema ya no consiste sólo en el abuso de un cargo, sino en la eventual captura de funciones del Estado por una organización criminal.

La acusación estadunidense apunta precisamente a esa hipótesis: no presenta a los funcionarios sólo como corruptos aislados, sino como una presunta red de protección que habría permitido al cártel de Sinaloa traficar fentanilo.La enseñanza de Núremberg permanece vigente. El derecho internacional obliga a mirar más allá del ejecutor material y a examinar la responsabilidad individual de quienes hicieron posible que una estructura criminal operara.

La soberanía protege a los Estados; no convierte a sus funcionarios en inmunes frente al derecho.