Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República aseguraron tres inmuebles, 46 vehículos y diverso armamento presuntamente vinculado con el Cártel del Pacífico, organización identificada por las autoridades bajo el liderazgo de Ismael “N”, alias “Mayito Flaco”. La operación se llevó a cabo los días 21 y 22 de junio, luego de un intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como HSI, y de trabajos de inteligencia militar central desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información oficial, durante las acciones fueron ejecutadas tres Órdenes Técnicas de Investigación, mediante las cuales se ubicaron y aseguraron los inmuebles, así como 46 unidades, entre ellas tractocamiones con remolque utilizados para el traslado de combustible, vehículos todo terreno y camionetas tipo pick up. También fueron localizadas armas de fuego, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

La Secretaría de la Defensa Nacional comunicó que, durante la presente administración, ha asegurado al Cártel del Pacífico 4 mil 626 armas de fuego, 12 mil 932.465 kilogramos de metanfetamina, 199 kilogramos de fentanilo, 2 millones 293 mil 430 pastillas de esa misma droga, 13 mil 934 kilogramos de mariguana, 281 kilogramos de cocaína, 114 kilogramos de goma de opio, 8 kilogramos de heroína, 3 mil 10 vehículos y 9 aeronaves. Asimismo, se han decomisado más de 37 millones de pesos y más de 896 mil dólares estadounidenses relacionados con dicha organización criminal.

Los bienes asegurados en esta operación fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Durango, donde se dará continuidad a las investigaciones, diligencias periciales y trámites correspondientes para definir el destino legal de los inmuebles, vehículos, armas y demás indicios. Las autoridades federales señalaron que este tipo de acciones, realizadas con la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, buscan debilitar la estructura logística de los grupos delictivos y reducir su capacidad operativa en distintas regiones del país.