SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.— A pesar de que, de concretarse la visita al país del papa León XIV, el Gobierno y la iglesia católica tendrán que sentarse en la misma mesa para coordinar el viaje del pontífice, los obispos continúan haciendo manifestaciones que ponen distancia con la Casa Rosada. El obispo Juan Ignacio Liébana, titular de la diócesis de Chascomús, estuvo en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y criticó los argumentos oficiales del proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y denunció que “atenta contra la soberanía”.

Para el obispo Liébana, que habló en ese espacio como representante de la Conferencia Episcopal, el proyecto de ley en cuestión “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a la autodeterminación”. Los argumentos esgrimidos ahora por el obispo de Chascomús recogen y refuerzan lo dicho en un sentido similar por los obispos de Pastoral Social en una carta abierta a los legisladores.

También el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, Gustavo Carrara, estuvo en el congreso con anterioridad para manifestar su oposición al proyecto de ley. Para Liébana la iniciativa oficial “abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas como las vinculadas al petróleo, la minería, los glaciares, las nacientes de los ríos, entre otros recursos“ al dejar de lado la actual prohibición para que los extranjeros adquieran tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua que estén ubicados en zonas de seguridad de fronteras.

Más allá de eso, el obispo salió a cuestionar los argumentos de quienes defienden el proyecto prometiendo desarrollo. “Ante la ilusión de futuras inversiones extranjeras, resulta imperioso reconocer que esto no implica necesariamente un verdadero desarrollo para nuestra nación”, dice Liébana. Y recurriendo a la reciente encíclica del papa León XIV afirma que “la idea del desarrollo humano integral encuentra hoy un criterio decisivo de verificación en la ecología integral, convertida en una dimensión imprescindible de la Doctrina Social de la Iglesia”.

Y agregó parafraseando al papa, “la calidad del desarrollo se mide por su capacidad de mantener unidos, sin separar, la justicia hacia las personas y la custodia de la Casa común, favoreciendo condiciones de vida digna, acceso a los bienes necesarios, relaciones justas, cuidado de la creación y atención a las generaciones futuras”. Respecto de la propiedad privada -uno de los capítulos claves del proyecto de ley- el obispo remarcó ante los senadores que “no estamos despreciando la propiedad privada” sino que “la defendemos y la cuidamos”.

Advirtió, no obstante, que “la queremos para todos y no para algunos”. Y continuó diciendo que “abogamos y soñamos porque todos puedan tener un título en sus manos, para poder trabajar la tierra con seguridad, con respeto al ecosistema, con responsabilidad ecológica y humana, con justicia intergeneracional, como nos recuerda León en su reciente encíclica”.

En uno de los pasajes más categóricos de su exposición el obispo Liébana reiteró que “no estamos contra la propiedad privada”, pero “no la valoramos como un bien absoluto” sino “relativo a la dignidad humana”. Porque “lo que es inviolable es la dignidad de cada persona” y “lo que está en juego con esta ley es el principio del destino universal de los bienes, el reconocimiento de la función social de la propiedad y la ecología integral”.

Son “principios de la Doctrina Social de la Iglesia que nos desafían a que nadie queda afuera del ‘partido’ de la vida, para que todos puedan tomar parte y no la miren desde afuera”. Retomando también declaraciones anteriores de Pastoral Social, el obispo de Chascomús insiste en que “este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso de la tierra, para planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

Y subraya que “la tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico” y, por lo tanto, “cuidar la tierra es cuidar la vida”. En su exposición Liébana también incluyó una referencia a la situación en la que quedarían las tierras afectadas por incendios que hoy, por ley, no pueden ser comercializadas inmediatamente. “Este proyecto de ley -dice el obispo- habilitaría la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios” porque “se propone eliminar las restricciones para cambiar el uso del suelo las luego de los incendios” lo que habilitaría “la posibilidad de urbanizar, forestar o desarrollar proyectos productivos en zonas quemadas” lo que “puede incentivar incendios intencionales”.

Sobre el tema, el religioso sostiene que “cuando la tierra se degrada, se concentra en pocas manos, o se transforma únicamente en objeto de especulación, no solo se pierde éste bien común”, sino que “se ponen en riesgo formas de vida, relaciones comunitarias y patrimonios culturales”. “Como creemos -remata diciendo- que sucede con el Paraná que es, ante todo un río, y no una simple ‘hidrovía’ o corredor comercial”.