En diciembre de 2011, José Raúl Mulino, entonces ministro de Seguridad Pública, inauguró en isla Coiba la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, bautizada así en memoria del teniente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que murió durante un patrullaje aéreo en la zona. La obra costó alrededor de $1.8 millones y respondía a una estrategia de vigilancia marítima, control del narcotráfico y presencia estatal en un punto vital del Pacífico panameño.

Casi 15 años después, con Mulino sentado en la Presidencia de la República, esa base del Senan recibió a 29 reclusos considerados de alta peligrosidad. Sucedió el pasado sábado 13 de junio.

El Gobierno presentó el traslado como una medida de seguridad nacional: aislar a cabecillas de organizaciones criminales, cortar su capacidad de mando y responder a la “vulnerabilidad” detectada en Punta Coco, desde donde, según las autoridades, se coordinaban actividades ilícitas. La operación revivió la vieja postal penitenciaria que el país creía archivada: Coiba como castigo remoto, como último recurso para cuando las cárceles en tierra firme se desbordan.

De acuerdo con cifras oficiales, el sistema penitenciario panameño alberga 24,831 personas privadas de libertad en instalaciones diseñadas para 14,695. El exceso supera los 10,000 reclusos, un hacinamiento del 69%.

La provincia de Panamá concentra 16,612 reclusos distribuidos en los tres centros del complejo de La Joya. La Nueva Joya, la más moderna, tiene 5,599 internos; La Joya, 4,872; y La Joyita, donde sucedió la fuga, 4,788.

El escenario en los centros penitenciarios del país es similar. A eso se suma que el 35.2% de los privados de libertad, uno de cada tres, no tiene condena.

Esperan sentencia en el hacinamiento. El traslado de los 29 presos a la isla llega después de la fuga masiva de 195 reclusos de La Joyita, suceso ocurrido el pasado 1 de junio luego de un motín que dejó tres privados de libertad muertos, varios heridos y varias preguntas sin responder.

Hasta ahora, el país conoce la cifra de evadidos, los reportes de recaptura y la promesa de investigaciones. Pero desconoce las circunstancias exactas de las tres muertes, la cadena real de mando durante la crisis y la dimensión de la posible complicidad interna.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario, continúan en sus cargos. Y entonces aparece Coiba en el entorno.

La abogada, activista y defensora de derechos humanos Magaly Castillo plantea el asunto desde una contradicción difícil de esquivar. Recuerda que en 2014 La Nueva Joya fue presentada a la ciudadanía como una megacárcel de máxima seguridad, diseñada para neutralizar al crimen organizado y ordenar el colapso penitenciario.

Hoy, añade, con una población que ronda la capacidad de más de 5,600 privados de libertad, el Estado parece confesar que sus propias estructuras de seguridad no logran impedir que el crimen mande desde adentro. “Resulta contradictorio que, mientras países como Colombia gestionan a más de 4,000 presos de alta peligrosidad en centros continentales sin recurrir a islas penales, Panamá se declare incapaz de controlar a menos de treinta sujetos en una instalación de “máxima seguridad”. Este traslado deja al descubierto una crisis de mando, control y corrupción”, advierte.

¿Qué garantías existen de que una isla penal no termine siendo utilizada, mañana, para confinar voces críticas o actores políticos en momentos de conflictividad social? plantea la abogada. Mientras que organizaciones de la Iglesia Católica, como Pastoral Social Cáritas, Comisión Justicia y Paz y Pastoral Penitenciaria, expresaron su preocupación por las condiciones en los complejos de La Joya, Colón, Chiriquí y Coiba luego de la fuga del 1 de junio.

Con base en denuncias de familiares, alertaron que las requisas posteriores se realizaron de forma desproporcionada, humillante y abusiva. Entre las afectaciones reportadas mencionan decomiso de biblias, materiales educativos y artículos de aseo; escasez de agua, alimentos y medicamentos; suspensión de visitas familiares y conyugales; y cancelación de todos los programas de resocialización, trabajo y educación intramuros.

La Iglesia exigió restituir el acceso al agua, la alimentación, la atención médica y la asistencia espiritual, y pidió permitir la verificación independiente del estado de los penales. “Muchas de las dificultades que hoy afloran no son el resultado de una sola administración, sino la consecuencia de problemas estructurales que, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en una crisis sistémica”, aseguran. La colonia penal, creada en 1919, albergó durante décadas a homicidas, violadores, presos comunes y también se asoció a la persecución política durante la dictadura militar.

Oriel Ortega, exdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), conoce la zona y aporta una mirada operativa que ayuda a entender por qué Coiba seduce tanto a los gobiernos cuando sienten que las cárceles continentales se quedan cortas. Según explica, el área vinculada al antiguo campamento central concentraba celdas preventivas y espacios conocidos como Chorrillo y Chorrillito, nombres heredados de la época penal.

Ortega presume que los 29 reclusos podrían permanecer en el área de Chorrillito, frente a la playa, cerca de la pista de aterrizaje y de las instalaciones del Senan. En declaraciones a RPC Radio, Ortega alegó que Coiba no ofrece seguridad absoluta sino aislamiento.

El exoficial del Senafront contó que en 2011, durante operaciones en la isla, no había señal de comunicación como en la ciudad. También rememora intervenciones para eliminar semovientes (búfalos, caballos y ganado) porque sus cascos afectaban el suelo, en cumplimiento de instrucciones relacionadas con la protección del sitio.

En esas operaciones, relata, se identificaron otras estructuras del pasado militar en sectores como Playa Hermosa y Playa Brava, donde funcionó una escuela de comandos de las antiguas Fuerzas de Defensa. Había cuadras, instalaciones tipo barraca y áreas con rasgos carcelarios.

La Prensa solicitó una entrevista a personal del Senan para profundizar sobre las instalaciones donde fueron trasladados los presos, pero no hubo respuesta. Al debate se suma la dimensión ambiental.

Coiba figura como Parque Nacional y Patrimonio Mundial de la Unesco, parte de uno de los ecosistemas más valiosos del Pacífico tropical oriental. El país la promueve como destino de buceo, turismo científico y conservación marina.

Por eso el traslado de los presos generó reacciones fuera del ámbito penitenciario. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) había advertido, en una carta fechada el 10 de junio, que una reapertura penitenciaria en Coiba era ilegal e improcedente, por tratarse de un área protegida cuyos usos se limitan a conservación, investigación y ecoturismo.

Pero el domingo en la noche el ministerio a cargo de Juan Carlos Navarro aseveró en un comunicado distribuido desde la Presidencia de la República que la operación se hizo “bajo la más estricta confidencialidad” y por esa razón, ese ministerio “desconocía de dicha acción”. Agrega que la carta del 10 de junio “se dio en referencia a la posibilidad de transformar Coiba en un Centro Penitenciario Permanente con nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad, lo cual no es viable por razones legales, ambientales y de protección del patrimonio de la humanidad”.

Pero la aclaración no cerró el debate. La Cámara de Turismo de Veraguas advirtió que asociar un patrimonio de la humanidad con reclusión afecta la imagen del país, desalienta el turismo extranjero y golpea a comunidades que dependen económicamente de la isla, entre ellas Santa Catalina.