En mi primera clase de Introducción a las Políticas Públicas aprendí que estas no se tratan solo de las acciones que un gobierno emprende, sino también, como advierte Jean-Claude Thoenig, de aquello que decide no hacer. Carlos Salazar Vargas las define como las respuestas sucesivas del Estado frente a problemas sociales.

Pero en Panamá, la respuesta más constante ha sido el silencio. Año luego de año, la inacción se ha convertido en nuestra política pública por omisión: una decisión tomada, sostenida y normalizada, aunque nadie la firme ni la asuma como propia.

Y cuando un Estado elige sistemáticamente no actuar, esa elección termina dictando, sin firmas ni discursos, la verdadera agenda nacional. Lo verdaderamente alarmante es su costo humano.

Más de 120 mil estudiantes permanecen fuera del sistema escolar. Uno de cada tres niños panameños crece en la pobreza.

En la comarca, estudiantes mueren camino a sus escuelas, cruzando ríos sin puentes para llegar a aulas sin agua potable ni electricidad. Cada cifra representa una vida interrumpida, una vocación truncada, un futuro que el Estado decidió postergar.

La inacción no es un vacío neutral. Es una fuerza activa que excluye, que condena y, literalmente, que mata.

Como sociedad, nos hemos acostumbrado a convivir con esa precariedad. Nos indignamos brevemente cuando una tragedia llega a los titulares —una estudiante que se ahoga, un caso de abuso infantil— y después regresamos a la normalidad.

Pareciera que en Panamá la indignación tiene fecha de vencimiento. Cabe preguntarnos si realmente nos conmueve el sufrimiento ajeno o si hemos normalizado tanto el abandono que ya ni siquiera lo reconocemos como una emergencia.

Esa anestesia colectiva es, quizás, la forma más eficaz de perpetuar el statu quo, al convertir la tragedia en rutina y la rutina en silencio. Esa indiferencia se refleja en nuestras prioridades.

Mientras comunidades enteras carecen de servicios básicos, la clase política se enreda en discusiones superficiales, cálculos electorales de corto plazo y batallas narrativas intrascendentes. Se invierte más energía en controlar el relato que en resolver el problema.

En esa distorsión de prioridades, las víctimas son siempre las mismas: niños en pobreza, familias vulnerables y comunidades históricamente excluidas que ya no figuran en la agenda de nadie. Existe, asimismo, una excusa recurrente: “los gobiernos anteriores tampoco hicieron nada”.

El fracaso acumulado de décadas no es un atenuante. Es un agravante.

Heredar un problema no exime de la responsabilidad de resolverlo; al contrario, la multiplica. Mirar hacia otro lado porque la crisis es antigua solo perpetúa un ciclo en el que nadie rinde cuentas y en el que las consecuencias siguen recayendo sobre generaciones que no eligieron nacer en el abandono.

El problema de actuar solo cuando la crisis ya estalló es que, para entonces, el daño es irreversible. Las políticas públicas no deberían diseñarse desde la improvisación ni el oportunismo político, sino desde la prevención, la evidencia y, sobre todo, la dignidad humana.

Cada año de inacción se traduce en más niños que abandonan la escuela, más jóvenes atrapados en círculos de violencia y más familias sin posibilidad real de movilidad social. El reloj no espera a que el Estado decida moverse.

Mientras debatimos qué nombre darle al problema, la próxima generación ya está pagando el precio de nuestra indecisión. A veces parece que somos pocos los que insistimos en señalar lo evidente, los que reiteramos —quizás hasta el cansancio— problemas que deberían indignar a todo un país.

Aunque seamos pocos, seguiremos hablando. El silencio frente al abandono también es una forma de complicidad, y esa complicidad tiene nombre y apellido.

En el musical Hamilton hay una frase que resume lo que está en juego: “la historia tiene los ojos puestos sobre nosotros”. Algún día, alguien preguntará qué hicimos —o qué dejamos de hacer— mientras miles de panameños crecían sin las condiciones mínimas para vivir con dignidad.

El costo de la inacción no se mide solo en estadísticas oficiales. Se mide en vidas truncadas, en sueños que nunca despegaron y en generaciones enteras que este país decidió no priorizar.

La pregunta ya no es si podemos actuar. Es si, una vez más, elegiremos no hacerlo.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.