Hay una frase que se ha vuelto casi una sentencia de resignación para el ciudadano común: “hay que seguir el debido proceso”. En teoría, suena correcto.

Nadie puede estar por encima de la ley y todo Estado democrático necesita procedimientos claros. El problema surge cuando ese “debido proceso” se convierte en excusa, escudo y refugio para la inacción, la indiferencia y, muchas veces, la cobardía institucional.

Quien vive en un barrio popular, quien madruga para trabajar, quien paga impuestos aunque apenas le alcance para sobrevivir, conoce perfectamente esa sensación de impotencia. Presentar una denuncia, pedir una inspección, solicitar una respuesta o exigir que se cumpla la ley puede convertirse en un viacrucis interminable.

Oficios que no se contestan. Expedientes que “están en revisión”.

Funcionarios que “no tienen competencia”. Inspecciones que nunca llegan.

Resoluciones que tardan meses o años. Mientras tanto, el problema crece frente a los ojos de todos.

El ciudadano aprende, con dolor, que la ley parece caminar a dos velocidades. Porque cuando el afectado es una familia o una comunidad trabajadora, todo son tecnicismos y formalismos.

Pero cuando detrás hay empresarios poderosos, intereses económicos o grupos con influencia política, entonces la maquinaria estatal funciona con sorprendente rapidez. Allí sí aparecen las inspecciones.

Allí sí se movilizan recursos. Allí sí se interpretan las normas con flexibilidad y urgencia.

Y eso destruye algo más importante que cualquier expediente: la confianza. La confianza en las instituciones no se pierde de un día para otro.

Se erosiona lentamente cada vez que una autoridad decide mirar hacia otro lado. Cada vez que un ciudadano siente que su problema no vale lo suficiente.

Cada vez que la ley se aplica con firmeza para unos y con complacencia para otros. El problema no es únicamente jurídico; es profundamente moral.

Porque el Estado existe, precisamente, para proteger al más vulnerable, no para servir únicamente a quien tiene dinero, influencia o conexiones. Hoy, muchos ciudadanos sienten que viven atrapados entre discursos oficiales y realidades dolorosas.

Escuchan hablar de transparencia, legalidad y participación ciudadana, mientras ven cómo comunidades enteras son ignoradas. Ven cómo proyectos avanzan sin escuchar a los residentes.

Cómo denuncias ambientales se engavetan. Cómo construcciones irregulares continúan pese a las órdenes de suspensión.

Cómo ciertos negocios parecen operar bajo una especie de inmunidad silenciosa. Y lo más peligroso de todo es que la gente comienza a acostumbrarse.

Cuando un pueblo pierde la fe en sus autoridades, comienza a surgir el desencanto colectivo. El ciudadano deja de denunciar porque piensa que “no va a pasar nada”.

Deja de creer en la justicia porque siente que tiene precio. Deja de participar porque entiende que las decisiones ya están tomadas desde arriba.

Ese desencanto es un veneno silencioso para cualquier democracia. No se trata de pedir persecuciones arbitrarias ni de ignorar los procedimientos legales.

Todo lo contrario. Se trata de exigir que esos procedimientos sirvan realmente para proteger a todos por igual.

Que la ley no sea un muro para el pobre y una puerta giratoria para el poderoso. El ciudadano común no pide privilegios.

Pide algo mucho más básico: igualdad ante la ley. Pide que las instituciones recuerden que fueron creadas para servir, no para esconderse detrás de sellos, memorandos y tecnicismos vacíos.

Porque cuando la justicia deja de sentirse cercana, humana y accesible, el problema ya no es solamente administrativo. El problema es que la sociedad comienza a romperse desde adentro.

Y reconstruir la confianza perdida siempre es más difícil que emitir cualquier resolución. En mi caso personal, puedo decir que, mientras todo avanza bajo el argumento del “debido proceso”, pocas veces se piensa en el sufrimiento, la incertidumbre y el dolor que enfrentan las familias afectadas.

La autora es abogada.