El semanario británico The Economist, históricamente utilizado por el presidente español Pedro Sánchez como referencia para destacar la gestión económica y democrática de su gobierno, acaba de publicar un duro análisis sobre su permanencia en el poder. La publicación cuestiona la capacidad de Sánchez para superar los crecientes escándalos que afectan a figuras relevantes de su entorno político.

La ironía es evidente: Sánchez llegó al poder mediante una moción de censura sustentada, en buena medida, en denuncias de corrupción contra el gobierno anterior. Hoy, varios dirigentes de su partido enfrentan investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratos públicos, mientras distintas actuaciones judiciales han incrementado la presión política sobre el Ejecutivo.

Entre los casos más notorios figuran las investigaciones relacionadas con el exministro José Luis Ábalos y con Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, quien dimitió luego de verse vinculado a presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Cerdán ha rechazado las acusaciones y las investigaciones continúan su curso judicial.

Asimismo, diversos medios españoles han informado sobre investigaciones relacionadas con el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, en las que ha sido mencionado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Las pesquisas buscan determinar si existieron actuaciones irregulares o tráfico de influencias en dicho proceso.

Zapatero ha rechazado cualquier conducta ilícita. Desde la óptica praxeológica y anarcocapitalista, estos episodios no constituyen anomalías aisladas, sino manifestaciones previsibles de un modelo donde el poder político dispone de amplias facultades para redistribuir recursos económicos.

Cuando el Estado concentra la capacidad de asignar contratos, subsidios o rescates financieros, aumentan los incentivos para que grupos de interés intenten capturar esos recursos. Frente a estas investigaciones, el gobierno socialista ha denunciado la existencia de campañas de lawfare y persecución política.

Sánchez ha rechazado cualquier implicación personal en los casos que afectan a colaboradores y familiares, y ha insistido en que las investigaciones no desacreditan la acción general de su gobierno. No obstante, la acumulación de escándalos ha deteriorado la imagen pública del Ejecutivo y ha incrementado las demandas de elecciones anticipadas por parte de la oposición.

Incluso algunos aliados parlamentarios han expresado preocupación por el impacto político de estas investigaciones. The Economist sostiene que los escándalos que afectan al entorno gubernamental están debilitando la credibilidad política de Pedro Sánchez y aumentando la presión sobre su permanencia en el cargo.

La publicación advierte que la prolongación de esta crisis podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones. Panamá debe observar esta situación con atención.

El estatismo de corte populista suele presentarse como la solución a múltiples problemas sociales mediante una creciente intervención pública. No obstante, cuando el poder político adquiere una capacidad excesiva para dirigir recursos económicos, aumenta también el riesgo de corrupción, clientelismo y captura institucional.

Desde una perspectiva liberal, la principal lección consiste en fortalecer los controles institucionales, limitar la discrecionalidad del poder político y ampliar los espacios de libertad económica. Cuanto menor sea la capacidad de los gobiernos para repartir privilegios, menor será también el incentivo para utilizar el aparato estatal en beneficio de intereses particulares.

Porque, en última instancia, la prosperidad sostenible depende menos de la intervención política y más de instituciones sólidas, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y libertad para emprender. El autor es analista independiente.