El Ministerio de Hacienda ha propuesto que las comunidades autónomas tengan un límite de déficit público equivalente al 0,1% del PIB durante los próximos tres años (2027-2029). Así se lo ha trasladado el ministro encargado de esta cartera, Arcadi España, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este lunes.

Se trata de la primera vez que el ministro preside este foro, en el que Gobierno y autonomías debaten sobre las cuestiones fiscales que les afectan, desde que accedió al cargo.Asimismo, Hacienda ha anticipado a las autonomías que el año que viene contarán con un incremento de los recursos que reciben del sistema de financiación del 8%. Si tomamos como punto de partida los 170.300 millones que se han aprobado recientemente para 2026 (que incluyen tanto entregas a cuenta como liquidación del ejercicio 2024), los recursos totales podrían rondar los 184.000 millones.

Un nuevo récord impulsado por el fuerte incremento de la recaudación fiscal. El límite de déficit -el desvío entre ingresos y gastos en el que pueden incurrir las autonomías- equivale a unos 5.849 millones de euros a repartir entre todas las comunidades, según estima Hacienda.

Fuentes del departamento que dirige Arcadi España han advertido de que si el PP vota en contra de esta propuesta cuando se lleve a las Cortes implicaría que las comunidades tendrían que hacer un ajuste fiscal equivalente a esos casi 6.000 millones. Hacienda ha planteado exactamente la misma propuesta de límite fiscal que ya trasladó a finales del año pasado y que el Congreso rechazó hasta en dos ocasiones.

El Gobierno interpreta que mantener ese objetivo del 0,1% del PIB refleja que las autonomías no tendrán que hacer esfuerzo fiscal durante ese periodo porque el grueso del ajuste recaerá sobre el Estado.El Ejecutivo se comprometió con Bruselas a reducir el déficit del conjunto de administraciones públicas al 1,8% del PIB el año próximo. Esto implicaría ajustarlo desde el 2,1% pactado para 2026, todavía de incierto cumplimiento.

El reparto de ese esfuerzo por reducir tres décimas recaería sobre los hombros del Estado central. Esta cuestión es relevante porque los límites de déficit determinan la capacidad de gasto que tienen las administraciones para financiar sus competencias.

En el caso autonómico, fundamentalmente, sanidad, educación y servicios sociales. Las autonomías del PP vuelven a rechazarlo y piden hablar de financiación autonómicaLa cifra asignadas a la administración regional ya disgustaba en su momento a las comunidades autónomas del Partido Popular y sigue generando oposición.

De hecho, minutos antes de que arrancase la reunión, varios consejeros y consejeras de Hacienda del PP trasladaron su rechazo a la propuesta en declaraciones a los medios."Es manga ancha para el Estado y asfixia a regiones como la Región de Murcia, la peor financiada. Es absolutamente insuficiente", ha trasladado la consejera de Economía y Hacienda murciana, María Isabel López Aragón.

Por su parte, la consejera andaluza, Carolina España, ha trasladado que la reunión es "un paripé" y "un teatrillo" porque los Presupuestos "no van a ver la luz". "Utilizan a las comunidades autónomas, esto es perder el tiempo", ha añadido.

La consejera madrileña, Rocío Albert, también ha calificado de "paripé" la reunión ante la falta de apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. "Ya sabemos que esta elaboración de presupuestos es la enésima cortina de humo de una mafia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción", ha agregado.

Aunque en el orden del día figura exclusivamente la cuestión de la senda fiscal, varias autonomías gobernadas por el Partido Popular (doce de las quince que operan dentro del régimen común) aprovecharán su turno de ruegos y preguntas para sacar a colación la cuestión de la reforma de la financiación autonómica. La propuesta que lanzó Montero y que ahora España se encargará de intentar culminar se debatirá en un segundo Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de julio, según ha trasladado la consellera de Hacienda catalana, Alícia Romero, que se reunió la semana pasada con el secretario de Estado de Hacienda.