La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el expediente 25.208, un proyecto de ley impulsado por el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, que ampliaría los controles del sistema financiero sobre el círculo cercano de las personas expuestas políticamente (PEP), es decir, quienes ocupan o han ocupado cargos públicos de alto nivel.La iniciativa plantea nuevas obligaciones para bancos y otras entidades financieras, con el fin de que apliquen revisiones más estrictas sobre las operaciones realizadas por familiares, socios y personas vinculadas con los políticos, con el objetivo de detectar posibles riesgos de lavado de dinero.El expediente recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión, quienes asimismo aprobaron una moción de texto sustitutivo presentada por diputados del cuatrienio anterior: la oficialista Pilar Cisneros, el independiente Gilberth Jiménez y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).Controles a los que deben someterseLa iniciativa establece que la condición de PEP se mantendrá durante todo el periodo en el cargo y hasta ocho años después de haber cesado en sus funciones, independientemente del motivo de salida. En el caso de presidentes o jefes de Estado, esta condición sería indefinida.Asimismo, ordena a las entidades financieras implementar sistemas de gestión de riesgos para identificar si un cliente o beneficiario final es una persona expuesta políticamente.

En esos casos, deberán aplicar medidas adicionales de control.Entre estas medidas se incluye el establecimiento de procedimientos para determinar el origen de la riqueza y de los fondos de los clientes identificados como PEP, con respaldo documental y trazabilidad, así como un monitoreo permanente e intensificado de la relación comercial.Cuando existan indicios suficientes, las entidades deberán valorar la presentación de un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).Círculo cercano también bajo la lupaEstas disposiciones también se aplicarán a los familiares de las PEP hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo:CónyugeConvivientePadresHijosAbuelosNietosHermanosSuegrosYernosNuerasCuñadosAsociadosSocios cercanosEsto incluye a quienes participen conjuntamente con una PEP en sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas; compartan la propiedad, el control o el beneficio final; mantengan relaciones comerciales o profesionales relevantes; o actúen en nombre o en beneficio de la PEP.Asimismo, se contemplan otras personas físicas o estructuras jurídicas respecto de las cuales existan elementos razonables para considerar que su titularidad, administración, control o beneficio final está materialmente vinculado con una persona expuesta políticamente.¿Quiénes pueden ser consideradas como PEP?De acuerdo con el texto, se consideran personas expuestas políticamente los integrantes de los supremos poderes, así como jerarcas de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General de la República, el fiscal general y los fiscales del Ministerio Público.El listado también incluye a jueces de la jurisdicción penal y contencioso-administrativa; rectores y vicerrectores de universidades públicas; el regulador general; superintendentes e intendentes; el contador y el tesorero nacionales; oficiales mayores de los ministerios; presidentes ejecutivos; y directores y subdirectores de cuerpos policiales.Asimismo, abarca al director y subdirector general de Aduanas, gerentes y subgerentes de esa institución; alcaldes y vicealcaldes; regidores propietarios y suplentes; y jefes de misiones diplomáticas.El proyecto incorpora, asimismo, a quienes ocupen cargos de alto nivel en partidos políticos legalmente inscritos, así como a personas extranjeras que desempeñen funciones equivalentes en gobiernos, sistemas judiciales, fuerzas militares o policiales, partidos políticos o empresas estatales en otros países.De igual forma, incluye a quienes ocupen puestos de dirección o equivalentes en organizaciones internacionales públicas, intergubernamentales, multilaterales o supranacionales.Evitar la ‘lista gris’ del GAFISegún la exposición de motivos, la propuesta busca cerrar brechas regulatorias que han sido señaladas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y preparar al país para el proceso de evaluación que ese organismo realizará este año, el cual incluye una visita prevista para noviembre.Costa Rica también se encuentra bajo monitoreo del Grupo de Trabajo de Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evaluará al país en diciembre sobre el cumplimiento de la Convención Anticohecho. Tanto el proyecto como los diputados coinciden en que, de no avanzar en estas reformas, el país se expone a resultados negativos en estas evaluaciones, lo que podría derivar en su inclusión en la “lista gris” del GAFI, con eventuales efectos como el encarecimiento del crédito internacional y una reducción de la inversión extranjera.Lineamientos en materia de segurosEl proyecto señala que Costa Rica ha obtenido valoraciones deficientes en materia de PEP, debido a que la normativa vigente no incluía a altos cargos de organizaciones internacionales, ni contemplaba a asociados cercanos o familiares más allá del cónyuge, ni incorporaba controles en pólizas de seguros de vida.En este último caso, la propuesta establece que las entidades deberán adoptar medidas razonables para determinar, antes del pago, si los beneficiarios de pólizas de vida —y, cuando corresponda, sus beneficiarios finales— son personas expuestas políticamente.Si se identifican riesgos elevados antes del desembolso, y el tomador, beneficiario o beneficiario final es una PEP, la situación deberá ser informada a la alta gerencia.

Asimismo, la entidad deberá aplicar debida diligencia reforzada durante toda la relación comercial y valorar la presentación de un reporte de operación sospechosa, conforme a sus procedimientos internos y a la ley.