“¿Dónde acaba y empieza el tráfico de influencias?”, se preguntaba el pasado mayo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, luego de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por, presuntamente, influir ilegalmente en el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Los profesionales del sector del lobby —dedicados a influir las legislaciones y decisiones políticas en favor de determinadas empresas, colectivos y organizaciones— llevan años pidiendo una ley que establezca de forma “clara, ambiciosa y eficaz” la línea entre la legalidad y el tráfico de influencias.

El martes pasado, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) envió decenas de cartas a los miembros de la Mesa de la Cámara Baja y a los principales líderes y portavoces de los grupos parlamentarios para reclamar la “aprobación urgente” de una regulación que lleva años estancada. Seguir leyendo