El proyecto de ley empujado por el gobierno para reformar el Sistema de Admisión Escolar permite levantar una discusión valiosa no solo respecto de la educación nacional, sino también sobre el modo en que debe actuar la política. Sobre lo primero, más allá de la necesaria evaluación del proyecto en sí mismo, es esperanzador que estemos volviendo a hablar sobre la materia.

El gobierno de Gabriel Boric, cuyos principales líderes nacieron al alero de la movilización estudiantil de 2011, fue inexcusablemente silencioso en estos temas, con excepción de la agenda vinculada al CAE, que ya pocos creen que represente algún tipo de compromiso honesto de ese mundo con la educación. Ahora en cambio hemos retomado la conversación sobre mérito, autonomía de las comunidades educativas, legitimidad del sistema y, sobre todo, calidad.

Como reconoció la ministra María Paz Arzola, se debe enfrentar al mismo tiempo el desafío de ofrecer mejores proyectos educativos y el de perfeccionar el mecanismo y los criterios por los cuales los estudiantes ingresan a los establecimientos. Ambos frentes parecen hasta ahora inspirar al Ejecutivo.

Si reconocemos que la educación es sin duda un eje más de nuestra actual emergencia, ya solo este anuncio es una buena noticia.Pero, como decíamos, la iniciativa nos permite reflexionar sobre algo más profundo. El fin de la selección y la gratuidad universitaria empujados por el segundo gobierno de Michelle Bachelet no solo tenían problemas de índole técnica que se han ido haciendo evidentes en la última década (la educación no mejoró; perdimos importantes espacios de diversificación de nuestras elites; la masificación no redundó en mejores trayectorias y comprometió gravemente a las universidades).

Se trató también de un proyecto sostenido en premisas especialmente problemáticas para una acción política virtuosa. Lo formuló con precisión la historiadora Sol Serrano en un número de la revista del IES Punto y coma del año 2024: las reformas educacionales del 2015 fueron “iluministas”, porque desestimaron expresamente la historia resguardada por el derrotero de la educación chilena.

Dominados por una interpretación que luego se haría masivamente conocida durante el primer proceso constitucional, la nueva izquierda (liderada por Michelle Bachelet) quiso construir la igualdad sin atención alguna por la realidad: ella solo era señal de oprobio y la escuela un mero “gheto de marginalidad”. Sobre la base de esa hipótesis, no hubo preocupación alguna por mantener algo de lo que había; por reconocer las ganancias efectivas de la apuesta de los liceos de excelencia, cuyo derrumbe no ha sido hasta ahora reemplazado por alternativa alguna.

Lo expresó también la ministra Arzola: el sistema de admisión escolar hoy vigente surgió en un escenario de alta desconfianza hacia las escuelas, traducido necesariamente en la intervención sobre ellas y en los problemas derivados de tales acciones.En esa línea, el proyecto que empuja hoy el gobierno de José Antonio Kast debe cuidarse de reproducir esos mismos vicios. Se ha subrayado en varias ocasiones (con mayor o menor razón) que el mundo frenteamplista y el republicano operan en espejo.

Así, se ha hablado de que esta iniciativa sería el mecanismo por el cual el actual gobierno intentaría desmontar el modelo construido por sus adversarios. La ministra de educación ha sido, afortunadamente, muy clara hasta ahora en la refutación de esa sospecha: el Ejecutivo no empuja una contrarreforma, sino medidas para mejorar lo que tenemos.

Por ahora es solo manifestación de una intención, pero es fundamental probarlo en la práctica: ser capaces de mostrar que tienen un proyecto que mejorará nuestra educación, pero sobre todo que no los mueve, como a sus adversarios tan acusados por ellos, el desmontaje. Que no son iluministas.

Que saben bien que siempre es más fácil destruir. Por Josefina Araos, investigadora IES.