Nueva vuelta de tuerca en la intrincada investigación judicial que trata de desenredar una presunta estafa inmobiliaria en el sur de Tenerife. Esta trama falsificó poderes notariales en Rusia para quedarse 11 inmuebles de ciudadanos rusos afincados en Tenerife, según las pesquisas policiales.

Y mientras avanza a duras penas el caso en los juzgados, uno de los cuatro investigados ha intentado vender en plataformas inmobiliarias al menos uno de estos inmuebles, pese a que una medida cautelar le impedía disponer de él, según los escritos presentados por la acusación. La defensa denuncia un bloqueo judicial que provoca que, cuatro años después, las víctimas continúen sin recuperar plenamente el control de sus propiedades.

Seguir leyendo