El Ministerio de Hacienda prevé sustituir próximamente a la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, que llevaba ya cuatro años en el cargo. La responsable de la AEAT pidió hace ya meses un relevo y pactó con el departamento que hoy encabeza Arcadi España posponer cualquier cambio hasta que finalizase la actual campaña de Renta, que concluyó ayer.Fuentes de Hacienda confirman a La Información Económica que el relevo, que ha adelantado ABC, "se producirá próximamente" e inciden en que en la Agencia Tributaria "no se ha producido ninguna dimisión ni existe ninguna crisis" y añaden que, asimismo de la actual responsable de la AEAT, los Directores de Recaudación y de Inspección han concursado hace unos meses a plazas de Consejeros de Finanzas que todavía no se han resuelto.

El relevo de Soledad Fernández llega en un momento en que se consideran "cumplidos o ultimados" los elementos clave del plan estratégico 2024-2027 que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente del organismo. Dicho plan contempla medidas como la implementación de un nuevo modelo de información y asistencia orientado a que el contribuyente pueda elegir cómo y cuándo quiere ser atendido.También incluye la simplificación y clarificación de millones de documentos de la Agencia que reciben periódicamente los contribuyentes, o el impulso de un modelo preventivo basado en el cumplimiento voluntario que da información al contribuyente y le ayuda con avisos para evitar errores al tiempo que se reducen las sanciones si los acaba cometiendo.

Asimismo, el permite destinar más efectivos al control de las formas complejas y graves de fraude fiscal.Fin de la Renta y lista de grandes deudoresCoincidiendo ayer con el final de la campaña de la Renta, la AEAT hizo pública la lista de grandes deudores. En su decimotercera edición el listado refleja un descenso tanto en número de morosos como de la cuantía total que estos deben al Fisco.

Aún así, el agujero que sus incumplimientos tributarios genera sigue siendo considerable. Esa cantidad ascendió a 15.400 millones de euros (un 4,4% menos que el año anterior) a 31 de diciembre de 2025, prácticamente lo mismo que el Estado gasta al año en infraestructuras o en la suma de seguridad ciudadana y servicios sociales.