A un año de que Panamá expresara su interés de integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Gobierno revisó este jueves, junto con representantes del organismo, los avances alcanzados y las acciones pendientes para cumplir con los estándares requeridos para la adhesión. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, remarcó una reunión con Silvia da Rin Pagnetto, directora de la Secretaría del Consejo y del Comité Ejecutivo del secretario general para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, para dar seguimiento a la hoja de ruta hacia la adhesión del país.

En el encuentro también participó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto con la viceministra del MEF, Eida Sáiz, mientras que por la OCDE asistió Sharomey Rojas. Durante la reunión, las autoridades presentaron una actualización del Plan de Acción de Panamá para incorporarse al organismo, el cual contempla la implementación de políticas públicas orientadas a adoptar estándares internacionales, fortalecer la competitividad del país y mejorar los niveles de transparencia institucional.

El proceso de acercamiento entre Panamá y la OCDE ha avanzado de forma progresiva en el último año. En junio de 2025, el país presentó formalmente su intención de solicitar la adhesión al organismo mediante una nota oficial.

Posteriormente, en abril de 2026, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento que establece un marco de cooperación y asistencia técnica. La OCDE, creada en 1961, reúne en la actualidad a 38 países y tiene como objetivo promover políticas públicas que impulsen el crecimiento económico, la transparencia, la educación, la sostenibilidad y el bienestar social.

El organismo funciona como un espacio de cooperación entre gobiernos para intercambiar experiencias, desarrollar estándares internacionales y evaluar políticas en áreas como economía, finanzas, comercio, educación, medio ambiente, tributación, innovación, transformación digital y lucha contra la corrupción. La adhesión a la OCDE es considerada un indicador de confianza institucional y estabilidad económica.

Entre los principales beneficios para los países miembros figuran el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas, una mayor reputación internacional, el acceso a buenas prácticas de política pública, el impulso a reformas internas y una participación más activa en la definición de estándares globales.