La licitación pública para la compra de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, convocada por el Ministerio de Educación (Meduca) con un precio de referencia de $268.5 millones, entró en una fase de incertidumbre luego de que la comisión evaluadora recomendara, el pasado 10 de junio, declarar desierto el acto público, decisión que ya generó un reclamo formal por parte de uno de los proponentes. La recomendación, publicada en el sistema oficial Panamá Compra, concluyó que ninguna de las dos ofertas presentadas cumplía de manera integral con los requisitos establecidos en el pliego de cargos, lo que llevó a sugerir la anulación del proceso.

No obstante, la decisión abrió un nuevo frente de disputa administrativa luego de la reacción del Consorcio Positivo Panamá, integrado por la empresa brasileña Positivo Tecnología S.A. y la ecuatoriana Crounal S.A., que presentó una acción de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la cual fue admitida. El consorcio, cuya propuesta económica ascendía a $283.5 millones, sostiene que su descalificación se basó en interpretaciones “erróneas” y en un “excesivo formalismo” por parte de la comisión evaluadora, lo que habría distorsionado el análisis técnico de su oferta.

Uno de los puntos centrales del conflicto gira en torno a la validez de una carta de adhesión a principios de sostenibilidad. La comisión consideró que el documento, emitido por una empresa extranjera (Crounal S.A., de Uruguay), requería apostilla o legalización consular para ser válido.

Lea también: Licitación del Meduca para compra de laptops vuelve a quedar desierta En ese sentido, el consorcio argumenta que dicha exigencia no era aplicable, debido a que el documento fue firmado mediante firma electrónica calificada, emitida a través del Registro Público de Panamá, mientras el representante legal se encontraba físicamente en el país. Otro de los cuestionamientos de la comisión fue la certificación ISO 9001 presentada por el consorcio, la cual no detalla de forma explícita las siglas “MDM” y “antirrobo”, requisitos asociados a la gestión de los dispositivos.

Lea aquí el reclamo completo del consorcio: El Consorcio Positivo Panamá responde que la certificación de fábrica abarca los procesos de diseño y desarrollo de software, dentro de los cuales se incluyen estas funcionalidades, por lo que la exigencia habría sido aplicada fuera del alcance del pliego de cargos. Según el reclamo presentado, la propuesta del consorcio representaría un ahorro directo para el Estado de $9.1 millones frente a la oferta del único otro participante, la empresa Cable & Wireless Panamá S.A., que ofertó $292.7 millones.

De mantenerse la recomendación de declarar desierto el acto público, el proceso tendría que reiniciarse desde cero, lo que implicaría nuevos plazos administrativos, posibles ajustes presupuestarios y un retraso en la entrega de equipos tecnológicos a miles de estudiantes del sistema oficial, en un proyecto considerado clave para el cierre de brechas digitales. En este escenario, la firma forense Sanjur & Asociados solicitó a la DGCP la anulación parcial del informe de la comisión evaluadora, con el objetivo de que se reevalúe la propuesta del consorcio tanto en el plano técnico como económico.

La solicitud plantea que se ordene una nueva verificación que permita determinar si la descalificación se ajustó estrictamente al pliego de cargos y a los principios de contratación pública. Lea también: Dos empresas compiten por el contrato de $268.5 millones para las laptops del Meduca Mientras la DGCP analiza el reclamo, el proceso permanece suspendido en la práctica, y el futuro de la licitación más grande del sector educativo en este ciclo queda ahora en manos de la instancia reguladora, en medio de un debate que combina criterios técnicos, interpretación normativa y el impacto fiscal de la decisión final.

Lea también: Millones invertidos en laptops: Panamá repetiría error educativo, advierte estudio Este proceso forma parte de una serie de intentos del Meduca para concretar la adquisición de equipos tecnológicos para estudiantes del sistema oficial desde 2024, incluyendo un convenio inicial fallido, una licitación pública en 2025 parcialmente adjudicada y un segundo proceso en 2026 que tampoco logró concretarse, lo que eleva a cuatro los intentos registrados hasta la fecha.