Arqueólogos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) convocaron a una reunión informativa en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún este 25 de junio para exponer su inconformidad respecto a los procesos administrativos dentro de la institución y organizarse para tomar acción frente a esta situación.Rosa Reyna Robles, doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta en entrevista que el grupo de denunciantes inició con 10 arqueólogos al que se han ido sumando hasta el momento más de 150 integrantes de otras especialidades. El colectivo Seamos 10 o 100, explica la antropóloga, se conformó porque “ya no podemos hacer investigación.

Las condiciones para hacer arqueología en el país prácticamente son nulas. En cuanto pueden ponen algún obstáculo administrativo o burocrático”.

En un comunicado, los trabajadores del INAH denuncian que “la burocracia administrativa mantiene secuestrada a la institución”, pues mencionan que al proponer proyectos de investigación deben presentarlos ante el Consejo de Arqueología, entidad que, apuntan, “ha excedido sus funciones y atribuciones tomando decisiones discrecionales y encubriendo malas prácticas que han dañado el patrimonio arqueológico nacional”.Las inconformidades por parte de los arqueólogos e investigadores del INAH no son nuevas. A principios de junio ya habían lanzado un ultimátum a las autoridades correspondientes pues desde hace seis meses han solicitado que se atiendan sus demandas.Ante esta situación, el pasado 23 de junio se tuvo una reunión con Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la que se acordó establecer mesas de trabajo para dar solución a tres problemas fundamentales: el proceso administrativo para proponer proyectos a través del Sistema Institucional de Proyectos, las condiciones laborales de quienes no cuentan con una plaza dentro de la institución y la destitución de los miembros del Consejo de Arqueología.

Los integrantes dedicados a la exploración, el descubrimiento, la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico de México denuncian que los funcionarios han impuesto un trámite llamado Sistema Institucional de Proyectos (SIP), el cual califican de “engorroso”, pues requiere pasar por siete niveles burocráticos para lograr una aprobación presupuestal. Asimismo denuncian que los resultados se entregan con un retraso importante que les impide realizar su trabajo.“Requerimos que el presupuesto de los proyectos que son aprobados se entregue de acuerdo al cronograma establecido.

Los compañeros tienen que excavar en época de secas y, por ejemplo, piden que su dinero se empiece a administrar a partir de abril y a veces se entrega hasta noviembre; asimismo hay que comprobar antes de que termine el año. Entonces, ni pueden gastarse todo el dinero ni se los entregan completo y lo peor, ya no pueden realizar el trabajo que estaba planeado”, explica la bióloga María Teresa Olivera.Por otro lado, exponen su preocupación por los mecanismos de contratación de profesionistas que colaboran en las investigaciones del INAH.

Afirman que entre los requisitos se “les obliga a contratar una fianza y un seguro de responsabilidad civil, que aunado al pago de impuestos reduce hasta 45 por ciento el pago ofrecido”.“Son muchos los rezagos que tiene nuestro instituto. No es de ahora, ya es de más de 10 años, de varios sexenios en los que se han privilegiado proyectos que son muy atractivos porque son los grandes sitios arqueológicos o algunos descubrimientos que llaman mucho la atención, pero se ha dejado de apoyar a los proyectos de investigación básica que son los que dan la información de esas zonas arqueológicas, de esos museos, de esas piezas que se encuentran”, afirma María Teresa Olivera.“Bajo este esquema los contratados carecen de seguridad social, no generan antigüedad y carecen de las prestaciones que establece la ley del trabajo.

En ocasiones se les ha retrasado el pago hasta por seis meses”, se lee en el comunicado. Finalmente, entre las denuncias también expone que para realizar las investigaciones en campo no se les proporcionan vehículos ni gasolina, asimismo expresan su preocupación por la insuficiencia de viáticos autorizados para su trabajo en campo, los cuales cubren solo siete días, lo cual es “insuficientes para cualquier intervención arqueológica”, aseguran.“Ya no podemos trabajar en estas condiciones denigrantes, ahogados por trámites excesivos e innecesarios.

Exigimos un trato respetuoso para los trabajos de investigación y conservación del patrimonio arqueológico”, sentencian los manifestantes.El colectivo Seamos 10 o 100 tiene planeada una manifestación informativa para visitantes y medios de comunicación en el Museo Nacional de Antropología este 26 de junio de 2026. La cita es en el lobby del recinto a las 11:00 horas.

PCL