Un terremoto puede ser “moderado” y aun así arrasar una ciudad si es superficial, ocurre cerca de áreas densamente pobladas o encuentra edificios vulnerables. En costas, el factor decisivo suele ser el tsunami; en montañas, los deslizamientos.

Por eso, la lista de los terremotos más devastadores combina víctimas, impacto económico y alteración duradera del territorio. En 1935, el terremoto de Quetta (entonces India británica, hoy Pakistán) dejó entre 30.000 y 60.000 muertos: un recordatorio temprano de cómo la fragilidad urbana convierte segundos en tragedia.

El 28 de julio de 1976, Tangshan (China) sufrió uno de los peores desastres del siglo: al menos 242.000 fallecidos (algunas estimaciones superan esa cifra), en una ciudad industrial golpeada de madrugada. El 26 de diciembre de 2004, un sismo de magnitud 9,1 frente a Sumatra (Indonesia) desencadenó el tsunami del océano Índico, que mató a unas 230.000 personas en varios países, de Indonesia a Sri Lanka y Tailandia: la catástrofe fue regional, no local.

En 2005, el terremoto de Cachemira (Pakistán–India) causó más de 70.000 muertes, agravadas por el aislamiento de valles y la destrucción de carreteras. El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un sismo de magnitud 7,0 que se volvió descomunal por la exposición y la pobreza estructural: más de 200.000 muertos según estimaciones ampliamente citadas, y una capital colapsada.

En 2011, Tōhoku (Japón) combinó un 9,0 con un tsunami que devastó la costa y detonó la crisis de Fukushima: casi 20.000 fallecidos y un impacto económico de escala histórica. Más recientemente, el 6 de febrero de 2023, los terremotos de Turquía y Siria (7,8 y 7,5) dejaron más de 50.000 muertos, evidenciando que la amenaza sísmica sigue siendo también un problema de cumplimiento de normas y respuesta de emergencia.

La historia del último siglo es clara: la “devastación” se reduce cuando hay construcción segura, alertas tempranas —sobre todo ante tsunamis— y Estados capaces de responder. La geología no se negocia; la vulnerabilidad, sí.