Durante tres décadas de servicio en las instituciones encargadas de la seguridad pública, tuve la oportunidad de observar de cerca los avances, desafíos y transformaciones que ha experimentado Panamá en materia de seguridad ciudadana. Esa experiencia me permite afirmar, con absoluta convicción, que los problemas de seguridad del siglo XXI ya no pueden enfrentarse con instituciones trabajando de manera aislada.

La realidad actual exige la construcción de un Sistema Nacional Integrado de Seguridad que funcione de forma transversal, coordinada y permanente. Un sistema que integre no solo a los estamentos de seguridad adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, que suele ser percibido como el principal responsable de la seguridad ciudadana, sino también al Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno, la Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Presidencia y los gobiernos locales, frecuentemente excluidos de esta discusión.

Históricamente, cada entidad ha desarrollado capacidades importantes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. No obstante, la falta de articulación entre ellas ha sido uno de los principales obstáculos para alcanzar mayores niveles de eficiencia.

En muchas ocasiones la información existe, pero no se comparte oportunamente; las plataformas tecnológicas están disponibles, pero permanecen desconectadas entre sí; y los esfuerzos operativos se ejecutan sin una visión estratégica común. Esta fragmentación institucional termina convirtiéndose en un saboteador silencioso de la seguridad nacional.

A ello se suman las dificultades que con frecuencia surgen en la elaboración y valoración de los informes policiales. En algunos casos, la falta de coordinación entre los primeros intervinientes, el Órgano Judicial y el Ministerio Público genera inconsistencias procesales que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y, eventualmente, favorecer a quienes infringen la ley.

Esta situación no solo debilita la efectividad de la persecución penal, sino que también impacta negativamente la moral de las unidades encargadas de la seguridad pública. La delincuencia, la violencia y el crimen organizado no son fenómenos exclusivamente policiales.

Son problemas complejos que tienen raíces sociales, económicas, educativas y culturales. Por ello, la seguridad requiere una estrategia integral de Estado.

Esto significa abandonar el trabajo en compartimentos estancos y adoptar una visión de largo plazo donde las políticas públicas se encuentren alineadas bajo una misma estrategia nacional. El objetivo debe ser que todas las acciones estatales y de los gobiernos locales contribuyan a reducir los factores de riesgo que favorecen la criminalidad y a fortalecer los factores de protección social.

La integración no implica la pérdida de autonomía institucional. Por el contrario, supone potenciar las capacidades de cada entidad mediante objetivos compartidos, protocolos unificados y sistemas de intercambio de información en tiempo real.

Cuando una institución conoce oportunamente lo que ocurre en otra, aumenta significativamente la capacidad de anticipación, prevención y respuesta. En este proceso, la tecnología ya existente debe convertirse en un pilar fundamental.

Herramientas como plataformas nacionales de inteligencia criminal, sistemas integrados de videovigilancia, análisis predictivo de datos, mapas de calor del delito e inteligencia artificial aplicada al análisis de patrones criminales pueden transformar radicalmente la capacidad del Estado para prevenir y combatir la delincuencia. No obstante, ninguna tecnología será suficiente si no existe la voluntad institucional para compartir información y coordinar esfuerzos.

Lo verdaderamente importante es reducir la criminalidad, aumentar la percepción de seguridad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Una estrategia moderna debe evaluarse por los cambios reales que produce en la vida de las personas y no únicamente por los números que aparecen en los informes oficiales.

Vale la pena recordar los principios formulados por Sir Robert Peel en 1829, considerados la base de la policía moderna y que, casi dos siglos después, conservan plena vigencia. Su enseñanza más relevante resume la esencia de una política de seguridad efectiva: la verdadera medida del éxito policial no es la cantidad de operativos, arrestos o despliegues realizados, sino la reducción de la delincuencia y el mantenimiento del orden público.

Bajo esa visión, Peel estableció que la misión fundamental de la policía es prevenir el crimen y el desorden antes que reaccionar a ellos; que su eficacia depende de la confianza y aprobación de la ciudadanía; que el respeto a la ley se fortalece mediante la cooperación voluntaria de la población; y que la necesidad de recurrir a la fuerza disminuye esa cooperación. En otras palabras, una sociedad segura no es aquella donde la policía actúa más, sino aquella donde las condiciones sociales e institucionales permiten que la policía tenga que intervenir menos.

El autor es comisionado con formación militar/policial.