La crisis penitenciaria panameña no es el resultado de una sola administración. Constituye la acumulación de más de tres décadas de falta de voluntad política, decisiones incompletas, ausencia de planificación estratégica y crecimiento de la criminalidad organizada.

La reciente fuga masiva de aproximadamente 195 privados de libertad de La Joyita evidencia el colapso de un sistema fallido que desde hace años muestra señales de agotamiento estructural. Si analizamos el problema desde una perspectiva histórica, durante gran parte del siglo XX las cárceles formaban parte de complejos militares.

Esto respondía a una lógica de seguridad y control, ya que los cuarteles disponían de personal armado, infraestructura de vigilancia y capacidad de respuesta inmediata ante motines o fugas. Hasta finales de la década de 1980, la seguridad penitenciaria se encontraba estrechamente vinculada a la estructura militar como parte de sus responsabilidades.

La desaparición de las Fuerzas de Defensa en 1989 y la reorganización institucional del país dejaron la responsabilidad penitenciaria sin una estructura especializada capaz de asumir plenamente esas funciones. Desde entonces, Panamá ha experimentado el crecimiento de su población y, de la mano, el aumento de la criminalidad.

A ello se suma la sofisticación y fortalecimiento de las organizaciones criminales, que han encontrado como contrapeso la falta de voluntad política, infraestructuras antiguas e inseguras, insuficiencia presupuestaria, hacinamiento, corrupción, ausencia de una política penitenciaria de Estado y la falta de desarrollo de una verdadera carrera penitenciaria. Con este escenario, no hay que ser profeta para recordar las palabras del comisionado retirado Irving Muñoz cuando aseveró: “Esta es la crónica de una muerte anunciada”.

Pero también habría que sufrir de un profundo sesgo de confirmación para no aceptar que estamos ante un cáncer estructural en fase de metástasis. Más allá de que no existan registros oficiales consolidados sobre el número exacto de fugas ocurridas durante tres décadas de administraciones presidenciales, la constante histórica es que ningún gobierno ha logrado resolver el problema penitenciario.

En su lugar, se han aplicado medidas temporales de contención y respuestas de corto plazo que, al finalizar cada gestión, trasladan la deuda de seguridad al gobierno siguiente. La fuga reciente simplemente expuso un problema acumulado durante más de treinta años.

El sistema penitenciario panameño puede considerarse un proyecto fallido porque no ha logrado cumplir plenamente los objetivos para los cuales fue creado. La Ley 55 de 2003, en su artículo 6, establece metas claras para la administración penitenciaria.

No obstante, la ley no estuvo acompañada de la infraestructura, el presupuesto, la tecnología, el personal especializado ni la voluntad política necesarios para alcanzarlas. Todo proyecto público debe generar beneficios medibles y sostenibles.

El sistema penitenciario panameño no colapsó de manera repentina. Su crisis actual es el resultado de una acumulación de problemas heredados por sucesivos gobiernos desde la transición democrática iniciada en 1990.

Aunque la Ley 55 de 2003 representó un avance significativo, la falta de voluntad política y de continuidad estratégica frente al crecimiento y evolución de la criminalidad ha limitado sus resultados. El verdadero desafío para Panamá consiste en abandonar las respuestas reactivas e improvisadas y construir una auténtica política penitenciaria de Estado que trascienda los ciclos políticos.

De lo contrario, las cárceles seguirán siendo un factor de inseguridad nacional en lugar de un instrumento para la protección de la sociedad. El autor es militar de carrera, abogado penalista y especialista en seguridad y defensa hemisférica.