Un total de 16 comunidades autónomas se han opuesto este lunes al informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre el estado de conservación del lobo con el pretendía informar a la Comisión Europea de que su estado es "desfavorable" y que, por lo tanto, debe extremarse la protección del depredador. Frente a esta posición, una clara mayoría de gobiernos regionales han votado a favor de que se comunique a Bruselas otro opuesto, que fue aprobado ya en 2025 y que indica que la situación es "favorable", incluso con manadas reproductoras, lo que hace prever el crecimiento de la especie.La conservación del lobo, su grado de protección y la posibilidad de cazarlo y matarlo como defienden sobre todo las 'comunidades loberas' y los ganaderos ha centrado este lunes la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que ha reunido por videoconferencia a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y a los consejeros autonómicos de Medio Ambiente.

Ha concluido con una votación en la que se ha impuesto calificar el estado de "favorable", frente el análisis de "desfavorable" en un informe que el Ministerio elaboró al margen del documento que se ha impuesto, aprobado ya hace un año. Esto ha llevado a comunidades como Asturias, gobernada del PSOE, y Galicia a criticar que el Ministerio "intente polarizar" sobre una cuestión sobre la que ya existe una posición desde hace un año y a censurar los intentos del Ministerio de "dilatar" el proceso de enviar a Bruselas el informe del año pasado planteando otro alternativo.

Por su parte, Transición Ecológica insiste en que todavía debe comprobar si la metodología empleada en ese documento se ajusta a los requisitos establecidos por Bruselas, frente a lo que las comunidades defienden su rigor científico.Elevar un informe sobre la situación de conservación de las especies protegidas a la Comisión Europea es algo que los países de la UE tiene que hacer cada seis años en virtud de la Directiva Hábitat. En este contexto, el departamento de Aagesen indicó que iba a someter a la consideración de las comunidades el informe sexenal elaborado por el Ministerio y que constituía "el informe oficial previsto por la Directiva Hábitats y que ha sido confeccionado a partir de los datos e información facilitados por las comunidades autónomas".

Este es el documento que señala que el estado de conservación del lobo es "desfavorable"No obstante, la mayoría de las comunidades han 'contraatacado' apoyando otro informe que se aprobó en julio del año pasado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad con el voto a favor de todas las autonomías excepto Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, que se abstuvieron. El Ministerio votó en contra.

Al contrario de lo que sostiene el documento de Aagesen, este concluye que el estado de la especie del lobo en España es "favorable", de modo que está lejos de la extinción. De acuerdo con la votación que se ha celebrado en la reunión entre la vicepresidenta y los consejeros, este es el informe sexenal que debe elevarse a Bruselas en cumplimiento con la Directiva Habitat."Lo habíamos validado la mayoría de comunidades, que apoyamos elevar el informe sexenal que demostraba de manera rigurosa y científica que el lobo está en un estado de conservación favorable", ha recordado al término de la reunión el consejero de Asturias, Alejandro Jesús Calvo, que ha añadido que "de manera desafortunada" la Conferencia Sectorial que tuvo que refrendarlo entonces "no se celebró".

Un año después, ha criticado que el Ministerio haya intentado mandar a Bruselas un informe que concluye justo lo contrario."Lo que no se puede es trasladar y confundir con la información que desde hace muchos años venimos aportando algunas comunidades", ha dicho Calvo. El concreto, Asturias hace seguimiento de las manadas de lobos desde 1986, lo que permite tener una idea de su estado de conservación, de su distribución y reproducción.

Tal y como ha expuesto en la reunión de este lunes el consejero asturiano, en el Principado hay 50 gruops o manadas y otros grupos "sujetos a evaluación". De ellos, 46 manadas "son reproductoras".

"Hablamos de un indicador de estabilidad y de viabilidad de la población", ha dicho el consejero del barón socialita Adrián Barbón, que ha incidido también en "la defensa de la coexistencia entre especies y la actividad económica fundamental para Asturias como es el sector agroalimentario".Por su parte, la Xunta de Galicia ha celebrado que finalmente se haya aprobado el informe que concluye que la situación del lobo es "favorable", el "ajustado a la realidad de la especie" aunque también ha "lamentado el tiempo perdido" que desde el año pasado ha expuesto a España a enfrentarse a una multa por no presentar el informe sexenal que exige la Directiva de Habitats.La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se ha mostrado satisfecha por que haya salido adelante la propuesta apoyada por las comunidades, que será la que "se remitirá a Europa" y que "confirma que el trabajo hecho por las comunidades fue el correcto", así como la "tesis defendida siempre por la Xunta de que el estado actual del lobo es favorable y que no hay base científica para justificar que tenga un régimen de protección oficial". A pesar de que, de nuevo este lunes, la votación ha sido claramente a informar sobre el estado "favorable" de conservación de lobo, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica ha insistido en que el informe mayoritario "no se ajusta a los criterios metodológicos y de reporte establecidos por la Comisión Europea para la elaboración de los informes previstos en el artículo 17 de la Directiva Hábitats", frente a su posición, que "se fundamenta exclusivamente en criterios técnicos y científicos y en la obligación de garantizar que la información reportada responda a los requisitos establecidos por la normativa europea".Años de desencuentros sobre la protección del loboEl nuevo desacuerdo que se ha reflejado este lunes entre el Ministerio y las 'comunidades loberas' -extendido ya a las que no tienen gran presencia de este depredador en sus territorios- es uno más de las posturas que desde hace años enfrentan a autonomías como Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria o Navarra por poder dar caza a este animal y la defensa por parte del Gobierno central de aplicar al lobo la mayor protección posible.

El año pasado fue clave en la tendencia hacia una rebaja de la protección del lobo con dos decisiones, en España y a nivel europeo. Una de carácter nacional, tuvo lugar en marzo de 2025, cuando el PP, Vox, Junts y PNV apoyaron una enmienda en la Ley de Desperdicio Alimentario que sacó de facto al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), adonde había entrado, con la oposición férrea de las comunidades loberas, en septiembre de 2021, cuando se prohibió cazarlo y matarlo en todo el país.

Con esa nueva disposición, incluida como enmienda dentro de una ley totalmente diferente, desde entonce es posible hacerlo en los territorios al norte del río Duero.Esta fue la manera con la que la mayoría del Congreso obligó al Gobierno a aplicar otra importante decisión que poco antes se había tomado con respecto al lobo, en este caso en toda la UE. En septiembre de 2024, los Veintisiete acordaron, con el voto en contra de España e Irlanda, modificar el estatus de protección de lobo, que pasó de especie "estrictamente protegida" a "protegida", lo que supuso pasar de una prohibición total de matarlo a la posibilidad de hacerlo de manera controlada.

La Comisión Europea confió entonces sirviera para "afrontar el reto del incremento de la población" de la especie en Europa.Este pacto fue el paso previo a que la UE asegurara con su mayoría entre los 50 países del Convenio de Berna sobre biodiversidad en Europa y dio luz verde a que se modificara la Directiva Habitats. Cuando se confirmó, simplemente abrió la puerta para que los países que lo desearan rebajaran la protección del lobo, pero no se les obligaba.

El Gobierno español reaccionó rápidamente para indicar que su intención de mantener al lobo en el LESPRE, del que meses después tuvo que ser excluido por la enmienda en la Ley de Desperdicio Alimentario.