El lobo, convertido en un animal político, ha perdido hoy otra batalla. La mayor parte de las comunidades autónomas ha votado a favor de un informe presentado por la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, que sostiene que la población del polémico animal está en situación favorable y, por lo tanto, se le podría cazar.

Una visión que choca frontalmente con la del Ministerio para la Transición Ecológica, que mantiene lo contrario y que solo ha obtenido un voto a favor, el de Cataluña. País Vasco y Castilla-La Mancha se han abstenido.

El problema es que el choque entre ambas interpretaciones mantiene bloqueado el envío a la Comisión Europea del informe sexenal obligatorio sobre el estado de las especies protegidas, que se debería haber remitido hace un año. Ante el incumplimiento, la Comisión Europea ha abierto un expediente a España, que sigue su curso.

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