La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) consiguió que un juez estableciera la vinculación a proceso en contra de Juan “N” y Omar “N”, sujetos que están acusados de extorsionar a un comerciante en la alcaldía Iztapalapa. En las investigaciones se estableció que el 3 de junio ambos sujetos llegaron al establecimiento del comerciante, al que amenazaron con un arma de fuego y le exigieron el pago de cuotas mensuales, en caso de negarse le causarían daño a su familia.

La víctima llevó a cabo el primer pago, pero también acudió a interponer su denuncia ante la fiscalía capitalina. En una audiencia celebrada el día siguiente, la fiscalía aportó las evidencias en contra de los detenidos, como entrevistas, videograbaciones, labores de seguimiento técnico y el reconocimiento fotográfico, en el que la víctima identificó plenamente a los probables agresores.

Fue así como el juez dictó la vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada, se ratificó la prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria. En el Código Penal de la Ciudad de México se establece la sanción de cinco a 10 años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización por dicho delito.

Si se comete contra alguien mayor de 60 años de edad, las penas se incrementarán en un tercio. Se incrementan al doble si son cometidas por algún miembro o exmiembro de alguna corporación de seguridad de cualquier nivel de gobierno, al que también se le inhabilitará de cinco a 10 años para desempeñar cargos.

Asimismo de dichas sanciones, habrá una pena adicional de tres a ocho años de cárcel cuando: A finales de mayo, en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un dictamen que reforma el Código Penal para incluir los delitos coercitivos, cuyo propósito es fortalecer al combate a la extorsión, por medio de nuevas conductas delictivas y sus respectivas sanciones, ya que hay nuevos modos de operar de los grupos criminales, como es el uso de la Inteligencia Artificial para suplantar la identidad de las personas. También se agrava la reincidencia en los casos conocidos como “montachoques”, se establece una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) al cobro de una deuda por medio de la violencia o el hostigamiento.