En un esfuerzo por neutralizar las afectaciones logísticas y económicas que las recientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han provocado en la capital del país, el Gobierno de México, en conjunto con autoridades de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desplegó un operativo de diálogo y supervisión en puntos estratégicos de conectividad vial, con la premisa de resguardar el orden público sin criminalizar la protesta social. Durante una conferencia de prensa conjunta, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó las acciones preventivas realizadas, particularmente en la caseta de la autopista México-Tlalpan, un punto neurálgico para el comercio y el flujo vehicular hacia el sur del país que cumplió su segundo día bajo observación oficial.

El funcionario federal enfatizó que la intervención de las autoridades respondió directamente a las alertas de la ciudadanía sobre posibles riesgos en la zona, buscando desactivar cualquier foco de tensión mediante la concertación directa. “El objetivo de nuestra presencia en ese lugar (...) era verificar las condiciones de seguridad en la zona; garantizar que las personas que transitaban y que se encontraban en el lugar, lo hicieran en condiciones de seguridad y de paz. Es muy importante esto, puesto que, como ya se ha dicho, hubo denuncias ciudadanas respecto a algunas posibilidades de que se presentaran actos o artefactos que pudieran afectar las actividades”, indicó Medina.

Coexistencia entre derechos y dinamismo económico Para la administración federal, el gran reto de la actual jornada de protestas radica en encontrar el punto de equilibrio donde el legítimo derecho a la manifestación no estrangule las dinámicas cotidianas de la CDMX, especialmente en sectores clave como el comercio minorista y la educación. Las pérdidas económicas en el primer cuadro de la ciudad y los retrasos logísticos suelen ser los principales efectos colaterales de estos plantones.

Al respecto, el subsecretario fue categórico al señalar que la instrucción desde el Poder Ejecutivo es proteger los derechos de terceros que se ven impactados colateralmente por los bloqueos, desde los estudiantes hasta los locatarios del corazón de la capital. “Desde la Secretaría de Gobernación seguiremos trabajando en esta estrecha coordinación institucional para que el ejercicio de los derechos y las libertades puedan coexistir con el derecho de las niñas, los niños y jóvenes a que no se afecte el ciclo escolar. A que se respete también y se garantice el derecho de los comerciantes del Centro Histórico a desarrollar su actividad económica; con el respeto de las personas trabajadoras, de los habitantes de la Ciudad de México, de quienes nos visitan también, a transitar y a realizar sus actividades cotidianas sin afectaciones”, puntualizó.

Supervisión de Derechos Humanos El despliegue gubernamental en las mesas de negociación y en los puntos de fricción vial también contó con la participación de César Yáñez, subsecretario de la Segob. Medina recalcó que la actuación de los servidores públicos está sujeta a un riguroso esquema de acompañamiento por parte de la CNDH y las instancias locales.

Afirmó que cada protocolo se ejecute bajo el marco de la legalidad y la proximidad social, priorizando la interacción directa con los manifestantes y estudiantes. “Es un encargo que nos ha dado la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum y también nuestra secretaria de Gobernación: Diálogo, construcción de acuerdos y garantizar la paz y la tranquilidad de quienes se encuentran en el espacio público”. Anticipó que los canales de negociación se intensificarán en los próximos días para restablecer la plena normalidad económica y vial en la urbe.