RÍO GALLEGOS.— La justicia federal de Río Gallegos acaba de escribir un nuevo capítulo en la compleja trama del narcomenudeo de subsistencia y los lazos afectivos luego de las rejas. VLH, una mujer de 34 años oriunda de Pico Truncado, logró eludir una posible condena efectiva mediante el instituto de la suspensión de juicio a prueba, luego de ser sorprendida en dos oportunidades intentando ingresar marihuana para su pareja detenida.

VLH no es, según se desprende de la causa a la que tuvo acceso La Opinión Austral, un eslabón de una sofisticada red de narcotráfico, sino una mujer que intenta “parar la olla” vendiendo tortas fritas y pan casero de manera ambulante por las calles de su ciudad, con ingresos que apenas alcanzan los 500.000 pesos mensuales para sostener a sus dos hijos de 11 y 19 años y a su madre octogenaria. Los hechos que la llevaron ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz ocurrieron en 2024.

El primero de ellos tuvo lugar el 15 de marzo en la Comisaría Primera de Pico Truncado. Allí, durante una requisa de rutina, el personal policial descubrió que VLH intentaba entregarle a su concubino, NJPV, cuatro cigarrillos de armado casero que contenían 0,93 gramos de marihuana, escondidos en una bolsa de tela.

Apenas tres meses después, el 17 de junio, la escena se repitió con un matiz más elaborado en la Comisaría Quinta de Caleta Olivia. Según pudo saber este diario, en esta ocasión, la mujer utilizó un tupper de color azul con doble fondo para intentar ocultar 16,93 gramos de la misma sustancia.

Este segundo intento, más audaz que el primero, fue el que terminó de sellar su suerte judicial, siendo calificado como suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por cometerse en un lugar de detención, en grado de tentativa. Mario Gabriel Reynaldi, juez.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL Durante la audiencia celebrada por videoconferencia el pasado 24 de junio, presidida por el juez Mario G. Reynaldi, la defensa pública oficial solicitó la “probation“.

La fiscalía, representada por Gastón Franco Pruzan, no se opuso, entendiendo que la escala penal y la falta de antecedentes penales de la mujer habilitaban este beneficio. La resolución judicial impone a VLH condiciones estrictas para mantener su libertad.

Durante el plazo de un año, la vendedora ambulante deberá realizar una reparación económica de 200.000 pesos, la cual no será en efectivo, sino mediante la entrega de elementos de limpieza a una organización religiosa de Pico Truncado a la que ella misma asiste. Asimismo, deberá cumplir con dos horas semanales de tareas comunitarias en dicha institución y presentarse mensualmente ante la sección local de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

El fallo también le prohíbe de manera tajante el abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes en público y la obliga a pagar la multa mínima prevista por la ley. El material incautado -esos pocos gramos que pusieron en jaque su libertad- será destruido conforme a la normativa vigente.