La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) advirtió que algunas de las iniciativas planteadas por el candidato en materia de seguridad, justicia e institucionalidad podrían afectar la protección de los derechos humanos en el país.La organización también expresó preocupación por las propuestas relacionadas con la eliminación o fusión de entidades creadas para la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de víctimas.Mauricio Alvarado LozadaVarias propuestas y antecedentes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella llevaron a que la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) emitiera una alerta. La oenegé indicó que su posible elección podría representar “riesgos para el Estado social de derecho y las garantías democráticas en Colombia”.En el comunicado, dado a conocer a pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, la organización internacional advirtió que algunas de las iniciativas planteadas por el aspirante en materia de seguridad, justicia e institucionalidad podrían afectar la protección de los derechos humanos en el país.“Estas preocupaciones se inscriben en una ola global de proyectos con un claro propósito antiderechos.

La FIDH llama a la sociedad civil colombiana a estar alerta frente a agendas que utilizan el discurso de la seguridad para socavar sus libertades, y a no avalar retrocesos en los derechos conquistados a lo largo de décadas”, indicó la organización. Cuestionamientos al modelo de seguridadEntre las principales alertas, la FIDH mencionó la propuesta del candidato de replicar el denominado “modelo Bukele”, que incluye la construcción de megacárceles y la implementación de mecanismos para agilizar las detenciones.

Según la organización, este tipo de estrategias ha derivado en detenciones arbitrarias y afectaciones al debido proceso en otros países, especialmente contra población joven y de escasos recursos.Asimismo, cuestionó la intención de recuperar el control territorial mediante operaciones militares y reactivar los bombardeos aéreos. A juicio de la FIDH, estas medidas podrían generar consecuencias humanitarias y contravenir las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en materia de protección a la población civil.Cuestionamientos sobre política exterior y libertad de prensaOtro de los puntos señalados por la organización tiene que ver con la propuesta del candidato de retirar a Colombia de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).La FIDH considera que una decisión de este tipo dejaría “a millones de víctimas sin protección cuando la justicia interna falla” y limitaría los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

Agregó que “el diálogo entre países requiere funcionarios dedicados a ese fin. Suprimirlos aislará a Colombia y la privará de capacidad negociadora internacional”.Alertas por cambios en la institucionalidadLa organización también expresó preocupación por las propuestas relacionadas con la eliminación o fusión de entidades creadas para la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de víctimas.Entre las instituciones mencionadas se encuentran la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que propone recortar el presupuesto en un 90 % y cerrar hacia 2030;“Desmontar esta arquitectura implica abandonar el Acuerdo de Paz, desproteger a quienes ya están en riesgo y favorecer el crimen organizado”, afirmó la FIDH; esta decisión podría afectar los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.Investigaciones periodísticas y denunciasLa FIDH citó investigaciones publicadas por los medios Cambio y Vorágine sobre presuntos vínculos económicos y comerciales del candidato con personas investigadas o condenadas por corrupción y paramilitarismo.

Asimismo, mencionaron una denuncia penal reciente por supuestas irregularidades en un contrato suscrito en 2018 entre la firma De la Espriella Lawyers y Saludvida EPS.No obstante, la FIDH aclaró que rige el principio de presunción de inocencia y recordó que, de acuerdo con los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas, ningún abogado puede ser identificado con sus clientes o con las causas que representa.En el documento también se mencionan antecedentes relacionados con la libertad de prensa. La organización recordó que un juzgado ordenó al candidato retractarse y ofrecer disculpas por comentarios de sexuales realizados a la periodista Laura Rodríguez, al considerar que constituyeron violencia basada en género.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.