El pronunciamiento de la Corriente Clasista Combativa (CCC) surgió luego de que el presidente de la República, Santiago Peña, adelantara durante un acto político en la Junta de Gobierno de la ANR que el incremento final del salario mínimo duplicaría la inflación oficial. Basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay, que registró un 2,4% de inflación acumulada, el ajuste legal estricto hubiese sido de unos G. 69.577; no obstante, mediante una decisión política, el mandatario optó por fijar la suba en un 5%, equivalentes a G. 144.952 más al mes.

En caso de confirmarse lo anunciado por el mandatario, el salario mínimo quedaría en G. 3.044.000. La CCC repudia esta cifra y sostiene que “ni siquiera alcanza para comprar tres kilos de carne”.

El gremio presentó estudios propios que demuestran que el costo de vida real para el sustento mensual de un hogar paraguayo asciende en la actualidad a G. 7.614.000, una brecha abismal en comparación con el piso legal modificado. Acusaron al Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo, a los empresarios y a las que denominaron “dirigencias entreguistas de las centrales obreras” de haberse negado rotundamente a entablar un debate abierto, democrático y transparente sobre el verdadero encarecimiento de la canasta básica familiar.

La organización criticó asimismo el carácter “autoritario y antidemocrático” de la medida. Desde su perspectiva, mantener la actual fórmula de cálculo para el sueldo básico perpetúa de manera deliberada la pobreza y la falta de oportunidades para los sectores obreros del sector privado. “Nos mantenemos en lucha contra esta estafa a la clase obrera y a los trabajadores”, sostienen.

Se prevé que el Poder Ejecutivo formalice el reajuste mediante la firma del decreto presidencial entre los días 19 y 20 de junio, estableciendo de manera oficial el nuevo salario mínimo que regirá en todo el territorio nacional a partir del próximo mes de julio. Para finalizar, la organización lanzó una convocatoria abierta a todos los sectores laborales y movimientos sociales para movilizarse en las calles de manera inmediata, con el objetivo de repudiar este posible decreto y exigir una recomposición salarial digna.