La auditoría que prepara el Ministerio de Ciencia sobre Becas Chile promete abrir como nunca antes la discusión sobre uno de los principales programas de formación de capital humano avanzado impulsados por el Estado. El trabajo, cuyos resultados serán presentados a la Comisión de Futuro y Ciencia de la Cámara en las próximas semanas, no solo busca dimensionar cuántos beneficiarios incumplieron las obligaciones adquiridas al estudiar con financiamiento público, sino también exponer problemas de gestión acumulados durante años.

El tema reapareció luego de que el gobierno comenzara a revisar en detalle -tal como en otros apoyos como el CAE- los casos de becarios que no cumplieron con las condiciones establecidas en las bases de los concursos. Entre ellas, la principal obligación consiste en regresar a Chile y residir en el país por un período equivalente al tiempo financiado por la beca.

Quienes no cumplen con esa exigencia pueden ser declarados en incumplimiento y quedar obligados a restituir los recursos entregados por el Estado.Las cifras en la actualidad disponibles en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) muestran que, entre 2014 y 2026, existen 488 beneficiarios de Becas Chile en situación de incumplimiento en el extranjero y en territorio nacional.En el caso de los programas en el extranjero, los registros contabilizan 76 doctorados en incumplimiento, equivalentes al 2,39% del total; 147 magísteres (4,9%); 33 postdoctorados (7,8%) y 12 subespecialidades médicas (15%). De ellos, 61 casos ya se encuentran judicializados.En las becas nacionales, en tanto, aparecen 188 doctorados en incumplimiento (1,8%) y 32 magísteres (0,72%), con otros 69 casos que han llegado a tribunales.Tanto desde el gobierno como desde organizaciones de becarios reconocen que la discusión está lejos de cerrarse.

Una de las principales interrogantes apunta a la calidad y completitud de la información disponible.Fuentes conocedoras del proceso sostienen que el visor público de ANID solo contiene información desde 2014 en adelante, mientras que una parte importante de la auditoría ha consistido en reconstruir antecedentes correspondientes al período 2008-2013, cuando el programa comenzaba a consolidarse bajo la entonces Conicyt.Según reconocen quienes están al tanto de la investigación, gran parte de esos antecedentes no estaban consolidados y debieron ser revisados caso a caso. El proceso habría permitido identificar nuevos expedientes, pero también deja al descubierto debilidades administrativas históricas dentro de la institucionalidad encargada de administrar las becas.“Había información que no estaba digital y que tuvieron que digitalizar una a una”, comenta una fuente vinculada al proceso.

En privado, varios actores coinciden en que el problema no se limita al comportamiento de algunos becarios, sino que también involucra falencias en el seguimiento y control sobre los compromisos adquiridos por los beneficiarios.De hecho, en las últimas semanas se ha producido un fenómeno llamativo, advierten testigos del proceso. A sabiendas de que el gobierno está buscando hacer cosas al respecto, investigadores que mantenían documentación pendiente comenzaron a regularizar su situación ante la agencia, mientras otros han buscado establecer convenios de pago o aclarar antecedentes que permanecían incompletos.

¿Efecto advertencia? Cambio al diseñoPero el debate de fondo va más allá de las cifras de incumplimiento.

El presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, advierte que el problema no puede reducirse exclusivamente a una cuestión de fiscalización. “Aquí no estamos sólo frente a un problema administrativo. Hay también un problema de diseño: Chile formó capital humano avanzado, pero no siempre generó las condiciones institucionales, laborales y científicas para que ese talento retornara, se insertara y contribuyera efectivamente al país”, señala.Lavandero sostiene que el Estado debe exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos, pero advierte que cualquier estrategia de cobro debe distinguir entre incumplimientos efectivos, errores administrativos, retrasos documentales o situaciones justificadas.