Si bien la presidencia de la comisión especial antimafia de títulos universitarios recayó en el senador cartista Patrick Kemper con apoyo del cartismo y de sus aliados, entre sus 11 miembros que integran el órgano cuatro senadoras de la oposición y de la disidencia colorada exigen al oficialismo llevar en serio la investigación. Las senadoras Esperanza Martínez (PPC), Blanca Ovelar (ANR, Añetete), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA), durante la reunión advirtieron que existen personas poderosas involucradas en el esquema de la mafia de títulos falsos y exigieron un trabajo serio para evitar que la comisión se convierta en un “chiste” y en un blanqueo a delincuentes.

La primera reunión de la comisión especial del Senado encargada de investigar la presunta mafia de los títulos universitarios estuvo marcada por fuertes reclamos de senadoras de la oposición y de la disidencia colorada, quienes exigieron al presidente electo del organismo e impuesto por el cartismo, Patrick Kemper, que la investigación comience por la Universidad Sudamericana, considerada el epicentro de las denuncias que sacudieron al sistema educativo y político del país. Las legisladoras coincidieron en que la comisión debe enfocarse desde el inicio en los casos más graves y documentados, evitando dispersarse en investigaciones secundarias que puedan terminar desviando la atención del esquema que permitió la expedición irregular de títulos universitarios.

La senadora Esperanza Martínez remarcó que existen elementos suficientes para iniciar las pesquisas en la Universidad Sudamericana. Indicó que la institución emitió 2.550 títulos en apenas tres años, correspondientes a unas 20 carreras, de los cuales cerca de 1.400 pertenecen a la carrera de Derecho, precisamente una de las áreas donde se detectaron casos de personas que llegaron a ocupar cargos públicos.

Martínez también planteó la necesidad de analizar los proyectos académicos de las universidades involucradas, revisar los procesos de titulación y coordinar información con organismos como la ANEAES. Asimismo, recordó que existen denuncias de estudiantes que aseguran haber culminado sus estudios sin recibir posteriormente sus títulos.

Lea más: Patrick Kemper preside comisión especial pese a que su primo es investigado por título mau Por su parte, la senadora Celeste Amarilla reclamó que la comisión se concentre en las universidades más sospechadas y con mayor cantidad de denuncias. “Comencemos con la Sudamericana y Tres Fronteras”, planteó durante la reunión, dejando en claro que no está dispuesta a integrar una comisión que termine convirtiéndose en un espacio de disputas políticas o de acusaciones cruzadas sin resultados concretos. La legisladora insistió en que la prioridad debe ser investigar las instituciones donde se acumulan las denuncias más serias sobre títulos presuntamente irregulares, en lugar de buscar “distractores” que terminen diluyendo el trabajo de la comisión.

Una postura todavía más contundente expresó la senadora Yolanda Paredes, quien aseveró que la comisión perderá toda credibilidad si no comienza precisamente por la Universidad Sudamericana. “Si esta comisión no empieza con la Universidad Sudamericana, no tiene sentido. Va a ser un chiste”, advirtió.

La parlamentaria remarcó que existen suficientes elementos para iniciar las investigaciones en esa institución y reclamó, asimismo, la habilitación inmediata de un canal de denuncias ciudadanas para que estudiantes, docentes y ciudadanos puedan aportar información. Lea más: Recusación frena investigación a supuesto “abogado mau” que es candidato en Luque “Una vez instalada esta comisión tenemos que tener un canal ciudadano para recibir denuncias”, expresó, señalando que ese mecanismo permitirá reunir rápidamente insumos para una investigación que tendrá un plazo limitado.

Paredes también planteó la necesidad de revisar la normativa relacionada con la conservación de documentos universitarios, luego de mencionar versiones sobre supuestas limitaciones del Ministerio Público para acceder a registros académicos de años anteriores Durante el debate, la senadora Blanca Ovelar alertó sobre la magnitud del esquema que se pretende investigar y advirtió que detrás del negocio de los títulos irregulares podrían encontrarse personas con gran poder político y económico. “Está metida gente poderosa”, aseveró, recordando que recibió denuncias sobre este sistema desde su primer periodo legislativo, incluso de personas vinculadas a la administración de universidades privadas. La legisladora remarcó que la problemática trasciende la simple falsificación documental y apunta a una vulneración integral del sistema universitario, afectando la credibilidad académica del Paraguay dentro y fuera del país. “Estamos tirando por el suelo 100 años de historia”, lamentó, al referirse al daño que el escándalo provoca sobre el prestigio de profesionales paraguayos formados legítimamente.

Lea más: Senado: Cartismo apunta a controlar comisión que investigará “mafia de títulos” Ovelar incluso mencionó que entre los involucrados podrían encontrarse “algunos honorables”, en una clara referencia a figuras con poder e influencia dentro de las estructuras institucionales. Desde el oficialismo, Patrick Kemper respondió a las críticas asegurando que la comisión actuará con responsabilidad y que se habilitarán mecanismos para recibir denuncias públicas.

El senador aseveró que la compra de títulos representa un daño enorme para el país y prometió acompañar las investigaciones que se desarrollan paralelamente en otras instancias. No obstante, las senadoras insistieron en que el principal desafío será demostrar que la comisión está dispuesta a investigar los casos más sensibles desde el inicio.

La Universidad Sudamericana ocupa un lugar central en las exigencias de las legisladoras debido a que es la misma institución de donde obtuvo su cuestionado título de abogado el exsenador Hernán David Rivas. El caso derivó en una investigación fiscal y terminó provocando la renuncia del entonces legislador a su banca en medio de una fuerte presión pública.

Por ello, tanto la oposición como sectores de la disidencia colorada consideran que comenzar por esa universidad será la primera prueba de fuego para determinar si la comisión especial busca llegar al fondo del esquema o si terminará convirtiéndose en un mero ejercicio político sin consecuencias reales.