SEÑOR DIRECTOR:La reforma constitucional impulsada por el gobierno para ampliar plazos de detención de personas migrantes es preocupante. La propuesta aumenta de 5 a 60 días —prorrogables hasta dos veces— la detención de individuos sujetos a expulsión administrativa.

Ello incluye situaciones diversas, desde la sobreestadía o el ingreso por pasos no habilitados hasta casos vinculados a delitos.El proyecto plantea interrogantes difíciles de ignorar. ¿Quién cuidará a los hijos, nacionales o residentes en Chile, de una persona detenida durante meses?

¿Cómo se garantizarán condiciones dignas y acceso efectivo a defensa jurídica? ¿Tiene sentido que un país con restricciones presupuestarias asuma por largos períodos los costos de alimentación, alojamiento y atención de personas que, en muchos casos, trabajan y sostienen a sus familias?

¿No se trata, en los hechos, de crear centros de detención migratoria encubiertos?Lo que está en juego no es solo la libertad personal de quienes migran. También lo están sus derechos fundamentales, los de sus familias y el compromiso del Estado con el respeto irrestricto del Estado de Derecho.Conforme a los estándares internacionales, la detención migratoria debe ser una medida excepcional, justificada únicamente cuando existan razones concretas que la hagan necesaria.

Muchas de las personas afectadas no representan un peligro para el país, carecen de antecedentes penales y han construido aquí vínculos familiares y laborales.Debemos combatir la migración irregular, no a los migrantes. Chile necesita menos encierro y más soluciones realistas: fortalecer los sistemas de visado y protección internacional, promover vías regulares de ingreso y avanzar en políticas de integración y cohesión social.Francisca Vargas RivasDirectora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP