La llamada “Operación Tokio” -una de las investigaciones más grandes en lavado de activos que haya llevado a cabo el Ministerio Público, desbaratando una célula ligada al Tren de Aragua que supuestamente pudo movilizar recursos por más de $78 mil millones- ha permitido dimensionar no solo la peligrosidad del crimen organizado y cómo este se ha ido enquistando en el país, sino también la enorme cantidad de recursos que este tipo de actividades ilícitas es capaz de movilizar. Dado el secretismo propio del proceso, que impide conocer una serie de detalles que rodearon esta operación, es difícil en este momento tener un juicio acabado sobre el actuar de las distintas instituciones, pero a juzgar por el resultado obtenido probablemente en general sí funcionaron, aunque no han faltado las voces que han criticado a la banca por supuestamente no haber alertado a tiempo de la existencia de diversas cuentas corrientes con montos exorbitantes, o a la propia Unidad de Análisis Financiero (UAF), por reacciones al parecer algo tardías.

De allí que la “Operación Tokio” abre una oportunidad para volver a examinar las capacidades con que el Estado cuenta para combatir el crimen organizado, así como posibles cambios que cabría introducir en nuestra institucionalidad para reforzar la investigación y prevenir este tipo de delitos. Pieza clave sin duda es la UAF, que por ley es la entidad llamada a prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Al margen de si en la “Operación Tokio” la UAF jugó o no un papel preponderante en su detección, parece evidente que en la actualidad esta dependencia cuenta con capacidades muy reducidas frente a la envergadura del desafío que hoy representa el crimen organizado, el cual opera en forma cada vez más sofisticada y asimismo de manera transnacional. Dicha institucionalidad fue creada en 2003, y desde entonces no es demasiado lo que ha cambiado.

Su planta total llega a alrededor de 80 personas -la mayor parte a contrata-, en tanto que para 2026 se le asignó un presupuesto fiscal de poco más de $5 mil millones, lo que parece insuficiente. Es clave asegurar que la UAF pueda funcionar de una forma mucho más ágil, y que su capacidad de procesamiento de información sea también mucho más robusta.

Cabe recordar que si en 2020 los reportes por actividades sospechosas que le deben enviar aquellas entidades obligadas a informarle llegaron a 6.200 -para cada uno de los cuales se debe hacer un trabajo de inteligencia-, en 2024 el volumen había crecido a más de 17 mil, cifra que previsiblemente irá aumentando en el tiempo. Como una forma de potenciar sus capacidades, el proyecto que crea el subsistema de inteligencia financiera incluyó una indicación por medio de la cual se busca que la entidad pueda levantar el secreto bancario sin necesidad de obtener la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el procedimiento hoy establecido.

Aun cuando se ha buscado limitar los casos en que la UAF cuente con dicha facultad, aun así se ha generado un revuelo a nivel político, al punto que en el Senado se rechazó dicha indicación -con votos en contra del oficialismo-, lo que deberá ser zanjado en una Comisión Mixta.Es lamentable que una vez más el asunto del secreto bancario se haya prestado para una inconveniente politización, desnaturalizando el debate que deberíamos tener sobre cómo robustecer a la UAF y la institucionalidad en general. El expresidente Gabriel Boric, por ejemplo, hizo una infundada asociación, al plantear que los mismos que justifican el castigo que supone cobrar el CAE a las familias endeudadas, “votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”, lo que no enaltece su figura de ex jefe de Estado.

La obsesión ideológica en que sectores de izquierda parecen haber caído respecto del secreto bancario desvía los aspectos de fondo que deberían orientar esta discusión, centrándola en un plano de trinchera. En ese orden de cosas, no cabe perder de vista que dicho secreto no está establecido para cautelar los intereses de los más “ricos”, sino como forma de proteger a los ciudadanos frente al poder del Estado y asegurar su derecho a la confidencialidad de sus datos.

No puede olvidarse que hoy en día una alta proporción de la ciudadanía utiliza los servicios bancarios ya sea para el manejo de sus ahorros y para el día a día de sus transacciones, de modo que acceder a dichos datos supone en la práctica develar su vida privada. Y si bien un acceso más expedito a las cuentas bancarias podría ayudar a detectar más rápidamente casos ilícitos, también existe una contracara, pues no cabe obviar el riesgo de que esa información termine en manos inescrupulosas y pueda ser utilizada como forma de extorsión o para desacreditar a alguien.

Por eso resulta tan contradictorio que sectores de izquierda muy renuentes a los controles de identidad por parte de la policía, en cambio promuevan levantar el secreto bancario sin ninguna aprehensión respecto de cómo ello podría afectar los derechos de los ciudadanos.Las sociedades deben encontrar un equilibrio sensato, donde la garantía de que el secreto bancario se levante previa orden judicial resulta plausible. Su alzamiento debe responder a casos objetivos, y no meras sospechas, y es razonable que eso lo pueda calificar un juez, reduciendo el riesgo de que levantar el secreto se preste como forma de ir pesquisando delitos a granel.En otro orden, tampoco se han entregado buenas razones de por qué la actual legislación sería una traba para combatir el crimen organizado.

La propia UAF ha reconocido que desde 2007 los tribunales nunca le han negado el alzamiento cada vez que lo ha solicitado, y que ello se ha llevado dentro de los plazos previstos por la ley (tres días corridos). A su vez, cuando la Fiscalía solicita a un tribunal de garantía el alzamiento, esto suele resolverse en plazos breves.

Por ello es un error creer que la solución estaría en limitar o terminar con la autorización judicial; lo razonable es buscar agilizar los procesos judiciales asociados al levantamiento del secreto, por ejemplo estableciendo varas menos exigentes para el caso del chequeo de antecedentes, toda vez que por cada arista que va surgiendo en una investigación hay que hacer una nueva solicitud, y efectivamente es clave que las decisiones fluyan con mucha rapidez. Tampoco cabría descartar la posibilidad de que en aquellos casos que se requiera un actuar inmediato de la Fiscalía o la UAF -si de ello dependiera el éxito de una investigación- se pueda alzar el secreto por solicitud directa, pero ello como algo excepcional.

Cabe esperar que el debate parlamentario que se avecina en la Comisión Mixta pueda centrar los esfuerzos en aquellas soluciones que sí serán efectivas para la contención del crimen organizado, evitando el error de dejarse capturar por las consignas.