No cabe duda de que en los últimos meses la relación entre México y Estados Unidos se ha complicado. Existen múltiples razones para ello, pero una de las más relevantes es la exigencia por parte de autoridades estadunidenses de la extradición de diversos funcionarios públicos del estado de Sinaloa, incluido el gobernador en funciones.La solicitud proviene de una Corte Federal de Nueva York, la misma que ha llevado casos tan relevantes como los de Genaro García Luna y Joaquín, El Chapo, Guzmán, entre otros.

Es decir, no se trata de una instancia menor ni de un asunto político ordinario, sino de una autoridad judicial con amplias facultades dentro del sistema legal estadunidense.Traigo este tema a colación porque la presidenta de México se ha referido al caso en numerosas ocasiones, defendiendo a los señalados y exigiendo que Estados Unidos presente pruebas. Mi reflexión es la siguiente: la Presidenta tiene todo el derecho de solicitar evidencia y exigir el debido proceso.

No obstante, antes de asumir una postura de defensa pública de los acusados, sería conveniente que existiera una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República y que se esperaran sus conclusiones.Si, después de una investigación seria e independiente, se determinara que los señalados no tienen responsabilidad alguna, entonces debe ser la propia Fiscalía quien responda a la autoridad judicial estadunidense. De esta manera, la Presidenta evitaría desgastarse diario en una controversia que, estrictamente hablando, corresponde al ámbito judicial y no al político.Conviene recordar que no fue el presidente Donald Trump quien presentó la solicitud de extradición.

La petición proviene de una corte autónoma e independiente. Si el requerimiento hubiera sido formulado directamente por el presidente de Estados Unidos en una negociación de jefe de Estado a jefe de Estado, entonces sí correspondería a la presidenta Claudia Sheinbaum responder personalmente.

Pero cuando el asunto nace en una instancia judicial, la interlocución ideal debe darse entre instituciones de procuración e impartición de justicia.Por desgracia, las cosas no han ocurrido de esa manera. La Presidenta enfrenta constantemente cuestionamientos sobre este tema y, asimismo, la percepción pública reflejada en diversos medios parece inclinarse a pensar que los imputados pueden tener responsabilidad.

Sin importar que dicha percepción sea correcta o incorrecta, esto complica aún más la situación política.A lo anterior se suma que, en los últimos días, se ha percibido un endurecimiento en la postura del presidente Trump respecto a diversos temas de la relación bilateral y de cara a la próxima revisión del T-MEC. ¿Existe alguna relación entre esta situación y la negativa de México a realizar las extradiciones solicitadas?

Es imposible afirmarlo con certeza, pero tampoco puede descartarse.Hace apenas unos días, el excanciller José Ángel Gurría señalaba que resulta particularmente desafortunado que ambas naciones atraviesen un momento de desacuerdo cuando se aproxima una negociación tan importante como la del T-MEC. Coincido con esa apreciación.México y Estados Unidos mantienen una de las relaciones económicas más importantes del mundo.

Millones de empleos, inversiones y cadenas productivas dependen de la estabilidad y cooperación entre ambos países. Por ello cualquier deterioro en la relación bilateral puede generar costos económicos y políticos que ninguno de los dos necesita.Estoy convencido de que el enfrentamiento no nos llevará a nada bueno.

Para eso existe la diplomacia: para resolver diferencias, construir acuerdos y evitar que los desacuerdos políticos terminen afectando el bienestar de millones de ciudadanos en ambos lados de la frontera.