Un duro revés judicial experimentó esta jornada Susana Herrera, exembajadora de Chile en Reino Unido durante el gobierno de Gabriel Boric, luego de que el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazara finalmente la demanda contra el fisco presentada en 2023 por la otrora autoridad diplomática luego de su polémica salida del cargo.Cabe recordar que Herrera fue removida de su cargo luego de que La Tercera diera a conocer que la entonces embajadora había gestionado ante el Gobierno Regional del Biobío un proyecto de US$ 5 millones por parte de una fundación del Rey Carlos III y que se implementaría en la localidad de Santa Juana, después de los incendios que afectaron la zona. La gestión de la arquitecta de profesión no había sido comunicada a Cancillería, lo que derivó en una mediática salida.A raíz de aquello, la exrepresentante diplomática presentó una demanda en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por tutela laboral, solicitando una indemnización de $190 millones y disculpas públicas de parte de Cancillería.

En su acción laboral, asimismo, pedía que las disculpas fueran notificadas a la monarquía británica.El fallo adverso fue confirmado por el abogado Miguel Ángel Reyes, quien representa a la exembajadora, quien afirmó a este medio que “estamos analizando la sentencia y estimamos que, a nuestro juicio, las pruebas confirman las vulneraciones que denunciamos, que hay contradicciones entre lo resuelto y la prueba”.Polémico proyecto y fallidos acercamientosLa exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, fue duramente criticada en 2023 luego de conocerse que presentó al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, una propuesta que incluía la construcción de un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana., que necesitaría un financiamiento de $ 5 millones de dólares.El proyecto fue concebido por Herrera en el más absoluto sigilo, sin advertencia previa a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dio en medio del escándalo de fundaciones que golpeó a La Moneda y los gobiernos regionales. Parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo, pidieron en ese entonces su dimisión del cargo, que terminó confirmándose el 22 de agosto de ese año.No obstante, Herrera entabló una demanda laboral, donde pedía una indemnización equivalente a sus últimas 11 remuneraciones, es decir unos $190 millones.

Asimismo, exigía disculpas públicas de la Cancillería y que estas fueran notificadas a la monarquía británica.En su escrito de 110 páginas, presentado ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la exembajadora acusó que la cartera de gobierno generó, a raíz de la forma en la que sucedió su salida, una afectación a su integridad física y psíquica, lo que constituye una vulneración a sus derechos fundamentales, así como también apunta a tratos “discriminatorios” e “inapropiados”.En esa misma demanda de tutela laboral, Herrera aborda el supuesto desconocimiento de Cancillería a sus gestiones con el GORE Biobío, sosteniendo que “el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en específico”.La acción judicial en sede laboral presentada por Herrera, representada por el abogado Miguel Ángel Reyes, ingresó en noviembre de 2023. Desde entonces, tuvo una serie de intentos infructuosos para lograr un acuerdo entre la exembajadora y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).Luego de el ingreso de la demanda, en enero de 2024 se llevó a cabo una primera “audiencia preparatoria”, donde las partes expusieron sus antecedentes y el magistrado intentó -sin éxito- mediar por un acuerdo.

Seis meses después, en julio de ese mismo año, el abogado Reyes junto al CDE pidieron al tribunal la suspensión de la causa “con la finalidad de explorar bases de un acuerdo”. Vencido el plazo que entregó el juzgado, la causa se retomó dada la falta de un acuerdo entre las partes.El segundo intento llegó en febrero de 2025, cuando las partes nuevamente pidieron detener la causa para intentar un nuevo trato.

Tampoco sucedió y la causa se retomó en marzo. Finalmente, en agosto del año pasado, tanto el CDE como la exembajadora pidieron al tribunal, por tercera vez, un plazo para buscar una salida acordada al caso y evitar el juicio.

En esa ocasión tampoco se llegó a tal salida, por lo que finalmente el tribunal fijó una audiencia para el 31 de marzo pasado para la realización del juicio laboral.