SANTA FE.— El 12 de junio no es una fecha más en el calendario internacional . Desde que fue instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2002, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se consolidó como una jornada de denuncia, pero fundamentalmente de interpelación a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

Este 2026, bajo el lema “Tarjeta roja al trabajo infantil: Juego limpio para los niños, trabajo decente para los adultos”, la conmemoración adquiere un carácter de extrema urgencia: las estimaciones globales indican que 138 millones de niños y niñas están atrapados en redes de explotación laboral, de los cuales casi 54 millones realizan tareas peligrosas que ponen en riesgo su salud y su futuro. El origen de la fecha y los factores que agravan el escenario La creación de este día internacional respondió a la necesidad de poner en la agenda pública global una problemática que muchas veces permanece invisibilizada o naturalizada en los sectores más vulnerables.

El objetivo central es promover iniciativas que apunten a la raíz del problema, el cual se encuentra directamente ligado a desigualdades estructurales como la pobreza extrema, la falta de acceso a una educación de calidad y la proliferación de la economía informal. No obstante, el camino hacia la erradicación total —planteado en la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU — viene sufriendo severos estancamientos.

El quiebre de la tendencia a la baja inició a manifestarse con la crisis de la pandemia de COVID-19 en 2020 y se ha profundizado en los últimos años debido a la inestabilidad económica global y las tensiones internacionales. Estas crisis recurrentes empujan a las familias de menores recursos a recurrir al trabajo de los niños para subsistir, afectando principalmente al sector agrícola, que concentra más de la mitad de los casos mundiales, seguido por los servicios y la industria.

Políticas de fondo y el Marco de Marrakech Celebrar este día implica, según los organismos internacionales, ratificar compromisos políticos y financieros concretos. La estrategia actual se apoya en el Marco de Acción Global de Marrakech, que insta a los Estados a implementar sistemas de protección social universal, mejorar la recopilación de datos para diseñar políticas eficientes y exigir una mayor responsabilidad en las cadenas de suministro globales.

La premisa de la campaña de este año es clara: no se puede combatir el trabajo infantil si no se garantiza, en paralelo, el empleo decente y medios de subsistenredacia sostenibles para los adultos, permitiendo que los menores permanezcan dentro del sistema educativo formal. La respuesta de la sociedad civil y el llamado de la Iglesia Frente a las directrices globales, el trabajo territorial de diversas organizaciones resulta clave para revertir las estadísticas.

Un ejemplo de este compromiso es el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, institución con presencia en 97 países. En su Informe Cuadrienal presentado ante el ECOSOC de las Naciones Unidas, la entidad explicó que entre 2020 y 2023 orientó cerca del 8% de sus proyectos globales (un total de 3.596 iniciativas de educación y defensa de derechos) a mitigar la vulnerabilidad laboral infantil, logrando acompañar a más de 201.000 beneficiarios.

Por su parte, el Papa León XIV , en un reciente encuentro con el Comité Organizador de la iniciativa "De la crisis al cuidado: la acción católica por los niños", sumó su voz a este llamado global. El Pontífice enfatizó la necesidad de abordar la infancia desde una perspectiva integral, instando a las instituciones a trabajar en armonía para asegurar que la asistencia que reciben los niños contemple de manera equilibrada su bienestar físico, psicológico y espiritual.

Un compromiso colectivo que no puede esperar El sentido profundo de este 12 de junio excede la mera difusión de estadísticas alarmantes. La fecha funciona como un recordatorio de que la explotación laboral infantil constituye una grave violación de los derechos humanos que perpetúa el círculo vicioso de la pobreza.

Romper esa inercia requiere pasar de las declaraciones de principios a la acción legislativa y fiscalizadora, entendiendo que el desarrollo de una sociedad se mide, fundamentalmente, en la manera en que protege a sus infancias.