RÍO GALLEGOS.— En el cierre de la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) que se desarrolló este jueves en Río Gallegos, se aprobó por unanimidad un proyecto de declaración que surgió de una nota del gremio docente ADIUNPA y nodocente ATUNPA e incorporada por solicitud de la consejera En el texto expresaron su “más enérgico repudio a la violencia ejercida en los graves hechos ocurridos de público conocimiento durante la noche del 19 de mayo en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG)“. Durante los hechos, José Fernando Águila, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social resultó apuñalado por Pablo B., un trabajador nodocente de la UARG en el predio del Campus Universitario.

En principio, expresaron: “Hacemos llegar nuestro más sincero acompañamiento y solidaridad al estudiante afectado, a su familia y a su pareja, quien también es estudiante de esta casa de altos estudios”. Analizaron que si bien “la agresión física directa contra el estudiante podría presentarse como un hecho aislado, es imperioso señalar que meses antes del ataque existieron avisos, pedidos de consulta e intenciones de denuncia que no fueron abordados en el marco de los protocolos institucionales vigentes en nuestra universidad”.

En ese sentido, remarcaron “con preocupación las similitudes de este caso con lo que ocurre en otras agencias del Estado, donde la tendencia institucional ante pedidos de denuncia suele ser la minimización o el cuestionamiento de los motivos, a pesar de las leyes contra las violencias existentes en nuestro país. Estas respuestas corporativas combinan reacciones particulares de autoridades u operadores judiciales que responden al paradigma del descreimiento, con discursos que argumentan que ‘no es grave’, postergan la atención o liberan a personas con antecedentes peligrosos, tal como sucedió en los trágicos casos de Sebastián Wagner (femicida de Micaela García en 2017) o de Claudio Barrelier (femicida de Agostina Vega el pasado 31 de mayo)”. “Es imperioso señalar que meses antes del ataque existieron avisos, pedidos de consulta e intenciones de denuncia que no fueron abordados”.

En este marco, recordaron que en Argentina, “desde el año 2015, se han registrado más de 3.200 víctimas letales de violencia de género, lo que equivale a un femicidio cada 30 horas. Según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, solo el 17% de las víctimas había realizado una denuncia previa y apenas el 10% contaba con medidas judiciales.

Que un 83% de las víctimas no haya denunciado revela que las situaciones de violencia suceden y crecen sin que las instituciones sean alertadas. “Los motivos de este silencio se asocian al aislamiento, la dependencia económica, el miedo a las represalias o la profunda desconfianza en la respuesta estatal. Es indudable que estas barreras y los procesos de revictimización también se reproducen en los ámbitos laborales académicos, pero es precisamente desde estos espacios desde donde debemos transformar de raíz esta dinámica”, recalcaron.

Sostuvieron que en un contexto nacional donde “representantes del gobierno promueven proyectos sobre ‘falsas denuncias’, pretenden eliminar la figura del femicidio del Código Penal o votan en soledad en las Naciones Unidas en contra de las políticas de prevención de la violencia hacia mujeres y niñas, la respuesta de nuestras universidades públicas debe ser la permanencia de las políticas de género, la garantía en las condiciones de escucha y acompañamiento y la defensa irrestricta de la consigna ‘Yo sí te creo’, bandera con la que miles de mujeres y diversidades se han animado a denunciar a sus agresores”. Concluyendo, solicitaron al Consejo Superior “un pronunciamiento mediante una declaración pública para ratificar el compromiso de nuestra universidad con la erradicación de las violencias, exigir el cumplimiento efectivo de los protocolos de actuación y adoptar deliberadamente como principio político el lema ‘Yo sí te creo’, garantizando que las mujeres y diversidades de nuestra comunidad que atraviesan situaciones de violencia se sientan escuchadas, amparadas y protegidas por la institución y por la comunidad universitaria en su totalidad”.

Cabe mencionar que en el inicio de la sesión, el abogado Javier Stoessel comunicó sobre las lineas de actuación que se llevaron adelante. En principio, un sumario administrativo con suspensión preventiva, la solicitud al Juzgado Penal de una medida de restricción y acercamiento al campus y edificios universitarios, la respuesta institucional ante los requerimientos judiciales sobre antecedentes del caso.

En la actualidad, dio a conocer, el sumario se encuentra en etapa de “investigación” y existe una medida judicial vigente con restricción de acercamiento a cualquier espacio o dependencia de la universidad por tres meses.