SANTA FE.— El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó este jueves que irá en julio a la Cámara alta para presentar el Informe de Gestión del Gobierno, en cumplimiento del esquema constitucional que obliga al ministro coordinador a rendir cuentas ante el Congreso de la Nación . Lo hizo con un tuit, fiel a su estilo: “Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.

Fin”. El mensaje fue publicado después de encabezar una reunión de la mesa política del oficialismo en Casa Rosada, en un momento especialmente delicado para el funcionario.

Horas antes se había conocido su declaración jurada correspondiente a 2025, presentada en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Bajo presión La presencia de Adorni en el Senado tendrá una carga política distinta a la de una visita administrativa.

El jefe de Gabinete ya había enfrentado preguntas en Diputados el 29 de abril, cuando remarcó: “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”. En esa misma intervención agregó que “nunca existió ocultación alguna” respecto de los bienes de su patrimonio.

El contraste con la nueva explicación que dio este miércoles abrió un nuevo frente. En una entrevista televisiva, Adorni admitió que omitió declarar parte de sus ahorros y lo atribuyó a un error que, según expresó, arrastraba desde años anteriores. “Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error”, aseveró.

También remarcó que presentó de manera anticipada su declaración jurada de 2025 y rectificó las correspondientes a 2023 y 2024. El punto sensible fue su propia explicación sobre el origen del dinero.

El jefe de Gabinete aseveró que junto a su esposa habían ahorrado “toda la vida, en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”, y afirmó que una parte significativa de su patrimonio provenía de inversiones en bitcoin. “Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, expresó. Contrapunto con Bullrich La reunión de la mesa política se extendió entre las 13.30 y las 15.50 en la Casa Rosada.

La intención del Gobierno fue ratificar la confianza en el ministro coordinador y evitar que el caso derive en una crisis mayor dentro del Gabinete. Participaron los principales actores del dispositivo oficialista, con Karina Milei como figura central.

Luis Caputo no asistió por un viaje personal. El Ejecutivo busca pasar rápido de página y volver a concentrarse en los debates legislativos que considera estratégicos para la segunda mitad del mandato.

Pero el caso Adorni empezó a mostrar fisuras internas difíciles de disimular. Patricia Bullrich , jefa del bloque de senadores libertarios, cuestionó públicamente las explicaciones del funcionario y elevó el costo político del episodio. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética.

Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, remarcó Bullrich. La senadora también remarcó que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades: “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”.

No fue una crítica menor. Bullrich ya había reclamado que Adorni presentara la documentación “de inmediato” y, según trascendió, también intentó plantear el tema internamente ante el Presidente.

Su posición agregó tensión a la tensión oficialista que viene mostrando en asuntos sensibles, como quedó expuesto en el intento de retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli . Asterisco judicial pendiente El caso patrimonial no se agota en la declaración jurada.

Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias creado por la denominada Ley de Inocencia Fiscal, un mecanismo administrado por ARCA que permite a los contribuyentes quedar exceptuados de informar consumos personales y evolución patrimonial al inicio y cierre de cada año. A diferencia de otros blanqueos, el esquema puede ser utilizado por integrantes de la administración pública.

Ese dato suma densidad institucional al expediente. No se trata sólo de una omisión contable, sino de la situación patrimonial de uno de los funcionarios más importantes del Gobierno, bajo una figura penal sensible y en pleno proceso de revisión por la Oficina Anticorrupción y la Justicia federal.

En Diputados, Adorni había dicho que las cuestiones patrimoniales “exceden la marcha del gobierno en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional”, aunque aceptó referirse al tema “exclusivamente para hablarles a todos los argentinos”. En julio, ante el Senado, ese margen podría ser bastante menor.

Allí lo esperará una Cámara donde el oficialismo no controla la agenda, donde parte de sus propios aliados ya mostró autonomía política y donde la oposición buscará convertir el Informe de Gestión en una audiencia sobre algo más que la administración del Gobierno.