El nuevo anteproyecto de Inocencia Fiscal que presentó esta semana la administración Milei fue anunciado como un refuerzo a la protección que conseguirán aquellos que “exterioricen” sus ahorros pero, lo que podría ser su aplicación práctica sigue bajo análisis de especialistas. Los cambios incorporan nuevos márgenes de tolerancia, limitan las facultades de ARCA y buscan generar confianza entre quienes quieran utilizar los dólares del colchón.Pero, ¿qué pasa si una persona declara $ 10 millones y ARCA sostiene que debería haber declarado $ 11,8 millones?Hasta hace pocas semanas, esa diferencia hubiera sido suficiente para poner en riesgo uno de los principales beneficios del régimen de Inocencia Fiscal.

Con los cambios introducidos por el Gobierno, el resultado podría ser muy distinto.El proyecto de ley que complementa el régimen de exteriorización de fondos incorporó modificaciones que apuntan a reforzar el llamado “tapón fiscal”, una protección destinada a quienes adhieran a la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y quieran utilizar dinero no declarado previamente para comprar bienes, invertir o realizar consumos.La lógica detrás de los cambios es sencilla: si el objetivo es convencer a las personas de sacar los dólares del colchón, el régimen debe ofrecer seguridad jurídica suficiente para que el contribuyente no tema quedar expuesto ante una fiscalización futura.“Se trata de crear un régimen de confianza”, resumió Fernando López Chiesa, socio de Lisicki, Litvin & Asociados en diálogo con El Cronista.El caso que usan los contadoresLa modificación más comentada entre los tributaristas tiene que ver con el concepto de “discrepancia significativa”.La ley original establecía que, si ARCA detectaba una diferencia superior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente, podía caer la protección fiscal aun cuando el monto involucrado fuera relativamente bajo.El nuevo proyecto incorpora un criterio adicional: la diferencia no sólo debe superar el 15%, sino también un umbral económico mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario.El ejemplo que utilizan los especialistas para explicarlo es concreto:Un contribuyente declara un impuesto de $ 10 millones.Posteriormente, ARCA realiza una revisión y concluye que el monto correcto era de $ 11,8 millones.La diferencia es de $ 1,8 millones.En términos porcentuales, el ajuste equivale al 18%, por lo que supera el umbral del 15% previsto por la norma.No obstante, el ajuste no alcanza los $ 5 millones que exige ahora el nuevo criterio de materialidad. Resultado: el contribuyente conserva el beneficio.“Antes podía darse el caso de que una diferencia porcentualmente relevante pero monetariamente baja pusiera en riesgo la protección.

Con la reforma, para activar la discrepancia significativa deberá verificarse no sólo una diferencia porcentual sino también una materialidad económica mínima”, explicó López Chiesa.El cambio que más celebran los tributaristasLópez Chiesa sostiene que uno de los mayores avances del proyecto aparece incluso después de una fiscalización.La norma prevé que si ARCA detecta una diferencia, el contribuyente podrá corregirla sin perder el beneficio siempre que actúe dentro de determinados plazos.“Uno de los grandes aciertos que tiene este proyecto es que, a los fines de determinar la existencia de una discrepancia significativa, no se considerará la diferencia cuando el contribuyente presente una declaración rectificativa dentro de los quince días hábiles, abone el saldo restante y sus intereses”, explicó.En otras palabras, si la persona reconoce el error, corrige la declaración y paga la diferencia, conserva la protección. “Esto da indemnidad al contribuyente porque no pierde el beneficio del tapón fiscal”, agregó.ARCA ya no podrá usar cualquier pruebaOtra de las modificaciones importantes tiene que ver con la carga de la prueba.Según el nuevo texto, será ARCA quien deberá demostrar la existencia de una discrepancia significativa utilizando exclusivamente información declarada por el contribuyente, información disponible en sus sistemas o datos suministrados por terceros.“La carga de la prueba recae exclusivamente sobre ARCA”, explicó López Chiesa.Y agregó un punto que considera especialmente relevante: “Cualquier otro elemento utilizado por ARCA carecerá de valor probatorio para impugnar el régimen”.Para el especialista, esto reduce significativamente el margen para utilizar presunciones amplias o reconstrucciones indirectas basadas en criterios subjetivos.No obstante, aclara que la discrecionalidad no desaparece por completo. “ARCA seguirá teniendo facultades para analizar y valorar información proveniente de bancos, billeteras virtuales, registros patrimoniales, consumos y regímenes de información. La discusión ya no pasará tanto por la posibilidad de presumir hechos sino por cómo interpreta y relaciona esa información objetiva”, indicó.Cuándo sí se pierde el tapón fiscalA pesar de las nuevas protecciones, el blindaje no es absoluto.

Existen situaciones en las que el contribuyente puede perder el beneficio.La utilización de facturas apócrifas o créditos fiscales improcedentes. En estos casos no importa el monto involucrado ni la diferencia porcentual detectada.El incumplimiento de las condiciones de permanencia dentro del régimen.

Por ejemplo, dejar de ser residente fiscal argentino durante el período correspondiente.La tercera aparece cuando ya existe una fiscalización o determinación iniciada antes de ingresar al régimen. “El proyecto aclara expresamente que los procedimientos en curso continúan su trámite normal”, recordó López Chiesa.Asimismo, los grandes contribuyentes reciben un tratamiento especial. Podrán presentar la declaración simplificada informando únicamente sus rentas netas, pero no accederán a los beneficios completos del régimen ni al llamado tapón fiscal.La verdadera apuesta del GobiernoMás allá de los tecnicismos tributarios, la discusión de fondo gira alrededor de la confianza.La estrategia oficial para movilizar los dólares del colchón depende de que quienes adhieran perciban que la protección es real y que no perderán el beneficio por diferencias menores o discusiones técnicas de escasa relevancia.Por eso, las modificaciones introducidas buscan reforzar esa sensación de seguridad.“El proyecto fortalece significativamente el tapón fiscal porque introduce umbrales de materialidad, limita las presunciones y traslada expresamente la carga probatoria a ARCA”, expresó López Chiesa.No obstante, también dejó una advertencia: “La protección sigue dependiendo de tres factores clave: que los fondos sean trazables, que la documentación sea genuina y que no existan inconsistencias relevantes respaldadas por información objetiva disponible para el organismo”.