La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un servicio de intervención 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones ilegales en el parque público de vivienda. El sistema garantiza una respuesta máxima de una hora a cualquier aviso de intrusión, operativo todos los días del año.

Según el president Juanfran Pérez‑Llorca, este plan "responde a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas".Supervisión técnica y seguridad reforzadaLa empresa adjudicataria actuará en representación de la EVHA, encargándose de recuperar los inmuebles y coordinar las actuaciones con las fuerzas de seguridad. El servicio incluye la instalación y supervisión de puertas antiokupación, alarmas y otros sistemas de protección.

También deberá documentar cada intervención y elaborar informes técnicos. Pérez‑Llorca ha subrayado que estas ocupaciones "impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad para toda la comunidad vecinal debido a los enganches ilegales a la red eléctrica".Atención permanente y equipo especializadoEl plan contempla un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y tres inspectores técnicos, asimismo de vehículos y dispositivos móviles para operar en toda la Comunitat Valenciana.

Este servicio, dotado con un presupuesto estimado de 796.831 euros, tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga.Un parque público con un 13% de ocupación ilegalLa Generalitat gestiona más de 14.500 viviendas públicas, de las que aproximadamente el 13% están ocupadas de manera ilegal. Pérez‑Llorca ha señalado que "arrastramos un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar".

El objetivo es garantizar que las viviendas lleguen a familias vulnerables que cumplen los requisitos y esperan en las listas de demanda.Recuperar viviendas y proteger a los vecinos El plan antiokupas busca asegurar la convivencia, reforzar la seguridad y agilizar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente, según la Generalitat Valenciana. "Se trata de una garantía para que las viviendas del parque público lleguen a las personas vulnerables que las solicitan cumpliendo la normativa", ha afirmado el presidente de la Generalitat.