Los datos son elocuentes: siete de cada diez menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas para determinación de su edad son adultos. Así lo señalan las cifras que maneja la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, frente al 39% de fraudes detectados en todo el conjunto nacional y que recoge la Fiscalía General del Estado.

Esta tendencia es creciente, a tenor de la comparativa con el ejercicio anterior al último completo disponible, el de 2024, cuando esta variable se ha triplicado.Una realidad que pone negro sobre blanco lo que ABC dio a conocer el pasado mes de noviembre, sobre la existencia de falsos menas que recalan en España de la mano de sus propios padres , quienes los abandonan en las puertas de comisarías y centros especializados de acogida. Les dan directrices sobre cómo tienen que dirigirse a las autoridades, sin pasaporte encima, para poder acceder al conducto de asistencia para estos adolescentes, que pasan a depender de los gobiernos regionales.

Fuentes policiales detallan que, aunque esa práctica existe (se han contabilizado decenas de casos), «son puntuales, no algo generalizado»: «Lo más común es que los tutores o progenitores sepan que vienen aquí a buscarse la vida, pero no que los acompañen y los padres regresen luego a sus países».Desde 2018, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados. Solo en 2024 llegaron 2.442 a la región, y en 2025 superaron los 1.600.

Por lo pronto, el Ejecutivo autonómico ha interpuesto 29 denuncias ante la Policía al constatar por sus propios medios que otros tantos jóvenes que se encontraban en sus instalaciones tutelados realmente eran mayores de edad cuando accedieron a ellas. El Ministerio Público es quien realmente maneja los datos más fiables, que son mucho más amplios.

En el ejercicio de todo 2024, en nuestra región, se abrieron 848 expedientes de determinación de edad para estos jóvenes (482 en el ejercicio anterior). Pues bien, más de la mitad, 470, fueron archivados (246 en 2023, lo que significa que la cifra ha aumentado un 91,1%).

Se trata principalmente de casos en los que estos jóvenes se han marchado de los recursos asistenciales antes de que se les practicara la prueba radiológica de la muñeca, que es la que establece quién ha cumplido los 18 años o sigue siendo menor de edad.Noticia relacionada general No No La Policía detiene a los tres primeros falsos menas denunciados por Ayuso Carlos Hidalgo y Mariano CallejaAl resto, 378, sí se les hizo la radiografía, en el hospital Gregorio Marañón, con el siguiente resultado: solo 112 eran aún menores y el resto, 266, mentían cuando afirmaban que no habían alcanzado la mayoría de edad. El año anterior, esos guarismos fueron 148 y 88, respectivamente.

Es decir, que los fraudes se triplicaron y son más del doble que los que decían la verdad a las autoridades.Cierto es que entonces se vivió una crisis importante de entrada de inmigración ilegal en España, con epicentro en Canarias y Madrid. En nuestra región, fueron registrados en 2024 un total de 1.937 menores extranjeros no acompañados, explica la Fiscalía.

De ellos, 1.110 (57%) lo hicieron a través del aeropuerto de Barajas (399, en 2023), especialmente en vuelos procedentes de Casablanca y Egipto. «Esta situación -indica el Ministerio Público- ha supuesto un verdadero colapso del sistema. No solo de las infraestructuras aeroportuarias, sino de los recursos destinados a acoger a estas personas.

Y también del área sanitaria, pues se cuenta con un solo centro hospitalario para realizar las pruebas radiológicas, lo que provoca retrasos de hasta ocho meses en la emisión de informes». Más llegados en paterasExpertos policiales en estas lides detallan que, en la actualidad, a raíz de la apertura de los campamentos de inmigrantes en antiguos cuarteles de Carabanchel y Alcalá de Henares, sí se ha incrementado la presencia de extranjeros subsaharianos llegados en pateras.

Antes, lo normal es que fuesen acogidos en el sur de España y Canarias, pero estos recursos habilitados por el Ministerio de Migraciones ha trasladado a la región madrileña a cientos de ellos, entre los que también hay supuestos menores.Realmente, la labor de la Policía Nacional , que es el único Cuerpo en el país con atribuciones en extranjería, consiste en recepcionar a aquellos que encuentran las patrullas por las calles, filiarlos en comisaría y trasladarlos a los centros gestionados por la Consejería de Asuntos Sociales . El proceso de determinación de edad real, insisten, corre de la mano de la Fiscalía de Menores.Otra novedad: con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que estaban en situación legal en España están aflorando peticiones de jóvenes que dijeron en su día que eran menas y que, con la documentación que han aportado estos dos últimos meses, se ha comprobado que mentían entonces, pues habían llegado al país con 18 años o más.El 56%, en la Seguridad SocialEn cifras estatales, del pasado 31 de marzo, del total de 21.104 jóvenes extranjeros tutelados y extutelados (entre 16 y 23 años), dos de cada diez son menores de edad (16-17 años) con edad laboral, de los que el 98% cuentan con permiso temporal de residencia y laboral en España, indica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un informe de hace dos semanas.

La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los más de 21.104 es del 56%.Paralelamente, el equipo de Isabel Díaz Ayuso, que mantiene un enfrentamiento con La Moncloa también por la cuestión migratoria en distintos frentes, ha remitido ya 119 expedientes solicitando a la Delegación del Gobierno en Madrid que repatríe del país a esos jóvenes, al considerarlos especialmente problemáticos. Y hay dos casos más que se están preparando, indican desde el departamento que dirige Ana Dávila.

Hace apenas cinco semanas, a finales de mayo, ese número era de 110. Sostiene que todos ellos sí cuentan con familias en sus países de origen y reclama su «retorno inmediato» para favorecer la reunificación familiar.

Apelan al interés superior del menor. A ellos hay que sumar las 29 denuncias por parte del Ejecutivo autonómico ante la Policía sobre menas que realmente son adultos.La figura de la expulsión no existe en nuestro ordenamiento para los menores de edad, sino que se les aplica la de la repatriación, para lo que es fundamental que los consulados de esos terceros países colaboren en la localización de los tutores o padres y reciban a estas personas. «Y eso es muy complicado de conseguir», se lamentan fuentes policiales de toda solvencia.«Inacción» del GobiernoLa Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, órgano técnico encargado de adoptar medidas de protección sobre los menores tutelados, considera que el retorno con sus familias constituye la opción «más adecuada» para garantizar su bienestar.

No obstante, el equipo autonómico sostiene que no le consta que ninguno de esos expedientes haya sido tramitado por la Delegación del Gobierno. Según sus datos, cerca del 40% de los menores afectados ya han alcanzado la mayoría de edad sin que se haya puesto en marcha ningún trámite de retorno.

En concreto, 40 de los 110 jóvenes han cumplido ya los 18 años mientras seguían bajo el sistema de protección regional. A inicios de esta primavera, ABC adelantaba que la Policía había detenido a los tres primeros falsos menas denunciados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, acusados de hacerse pasar por menores extranjeros no acompañados y conseguir, así, quedarse en España de manera fraudulenta.

Las tres detenciones se produjeron en Madrid capital (dos) y la última en Aranjuez. Están acusados de estafa agravada y de infringir la Ley de Extranjería por estancia irregular en el país.

Son originarios de Malí, Marruecos y Argelia. En realidad, el maliense cuenta con 20 años, el marroquí estaba a punto de cumplir los 20 y el argelino también tiene 22.

Hace bastante, por lo tanto, que dejaron los 17 atrás, y eso que son casos detectados recientemente. Llegaron de mano de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras a los centros de menores.Varios jóvenes inmigrantes durante una concentración junto al centro de menas de Hortaleza.

EFEFuentes de la Consejería de Asuntos Sociales indican a este periódico que el pasado marzo la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia «ya votó en contra de que se elevara una nueva propuesta de capacidades de las comunidades autónomas para la atención de menores no acompañados». El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego (Sumar), habría incurrido, añaden, «en una manifiesta ilegalidad» en una propuesta «que no ha pasado por el trámite legal para ser debatida en la conferencia sectorial»: «En el sistema de repartos forzosos, han sido trasladados menores el mismo día en que cumplían la mayoría de edad o que la cumplían dos o tres días después; y menores con familiares en la comunidad de origen, que contaban con trabajo o con pareja. ese no es el interés superior del menor, sino el interés de un Gobierno por romper los sistemas de protección de las comunidades autónomas, salvo los de Cataluña y País Vasco, que no se han sido obligados a recibir a menores», sentencian.Bronca por las plazasSe refieren a que el Ejecutivo central ha actualizado la capacidad de cada región para acoger a estos niños, afirmando que Madrid dispone con 2.471 plazas.

El consejero de Presidencia, Justicia, Administración local y portavoz, Miguel Ángel García, criticó esta asignación cuando se conoció, la pasada primavera: «Es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es ilegal, algo que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están estudiando las posibilidades que tenemos para poder defendernos de este atropello.

Los instrumentos de colaboración existen, y están para algo. Y en este caso, una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez se los ha saltado».La Comunidad ha remitido 119 expedientes de menas conflictivos para que Delegación del Gobierno los repatríeAndalucía encabeza el mapa estatal con un cupo asignado de 3.009 plazas, seguida de Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid.

Por encima de los mil menores de capacidad ordinaria también se sitúa la Comunidad Valenciana, con un total de 1.903 plazas.